Nuevos detalles surgen con respecto a la detención del abogado trujillano José Luis Castillo Alva, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), y conocido popularmente en círculos fiscales y judiciales locales como “Pepe Lucho”.
Se conoció, de acuerdo a los expedientes en manos de Causa Justa, que Mirtha Cristina Gonzáles Yep, pareja del abogado Luis Castillo Alva, desembolsó 60 mil dólares en un intento por influir en las investigaciones en curso que implicaban a Castillo Alva con la red de “Los cuellos blancos”, en las que están incluidas figuras clave dentro del sistema judicial.
La investigación fiscal revela que Gonzáles Yep entregó el dinero a Jaime Villanueva y Miguel Girao, exasesores de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con la intención expresa de que Benavides interviniera para remover a los fiscales del Equipo Especial de Fiscales encargados del caso Cuellos Blancos que investigaban a Castillo Alva.


En marzo de 2023, en un departamento de San Isidro, Gonzáles Yep hizo la primera entrega de 10 mil dólares, que se repartió equitativamente entre Villanueva y Girao, según la investigación fiscales. Este encuentro marcó el inicio de una serie de maniobras que buscaron asegurar un resultado favorable para Castillo Alva al margen de la ley, de acuerdo a las pesquisas.
Durante una reunión en la sede del Ministerio Público, que contó con la presencia de Patricia Benavides y el policía Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, se confirmó el apoyo de este último a Benavides mediante un informe favorable sobre el caso Cuellos Blancos, según las indagaciones. A partir de este punto, Benavides orquestó movimientos dentro del equipo de fiscales para proteger a Castillo Alva.
Rodríguez Menacho, crucial en la operación, ofreció testimonio que pretendía inclinar la balanza a favor de Benavides en la Junta Nacional de Justicia. Este testimonio fue un pilar en la estrategia para alterar la dirección de las investigaciones y las acciones judiciales posteriores.
A pesar de la oposición inicial de algunos fiscales, como Max Castro y Andy Rodríguez Domínguez, la presión ejercida por Benavides fue implacable. Benavides, utilizando su influencia, logró remover a estos fiscales clave, cambiando el curso de la investigación y manipulando el sistema de justicia a su favor, de acuerdo al expediente fiscal.
Para junio de 2023, la suma acordada de 60 mil dólares se completó con la entrega de los últimos 14 mil dólares, consolidando la red de corrupción, de acuerdo a las pesquisas.