La Contraloría General de la República (CGR) impuso una sanción firme contra un exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Otuzco (MPO), quien ha sido inhabilitado para ejercer funciones públicas por un periodo de 3 años y 1 mes.
La medida responde a una infracción muy grave cometida durante su labor como presidente del comité de selección en una licitación pública de obra vial, de acuerdo con la Ley N.° 27785 y sus modificatorias.
El exfuncionario, cuyo nombre no ha sido revelado, fue sancionado mediante la Resolución N.° 565-2024-CG/OSAN del 9 de septiembre de 2024, tras no apelar una resolución anterior (N.° 393-2024-CG/OSAN) emitida el 28 de junio del mismo año. La inhabilitación comenzó a aplicarse el 20 de julio de 2024 y estará vigente hasta el 20 de agosto de 2027.
Esta sanción se originó en el Informe de Control Específico N°036-2023-2-0420-SCE, emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la MPO el 21 de noviembre de 2023. El informe revela que el exfuncionario incurrió en varias irregularidades durante el proceso de licitación de una obra de mejoramiento vial y peatonal en el sector Ramón Castilla, entre julio y septiembre de 2021.
El informe de la Contraloría evidenció que, durante el proceso de selección, el exfuncionario participó en la descalificación injustificada de un postor que había acreditado solvencia económica. En lugar de otorgar la buena pro a este postor, el comité liderado por el exfuncionario favoreció a otro con menor experiencia en la especialidad y cuya propuesta económica era más alta. Como resultado, el contrato fue adjudicado a un consorcio que ofreció S/ 2,789,667, una cifra S/ 278,715 mayor a la ofertada por uno de los postores descalificados.
Este tipo de acciones infringen los principios de transparencia y eficiencia que deberían regir los procesos de contratación pública, perjudicando directamente a las finanzas del Estado y, en última instancia, a la ciudadanía.
Este caso se suma a una lista de sanciones impuestas por la Contraloría desde que se restituyó su capacidad sancionadora en julio de 2021. Hasta la fecha, 15 exfuncionarios y servidores públicos de la región La Libertad han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos debido a infracciones graves y muy graves, en su mayoría relacionadas con procesos de contratación pública irregulares.
Estas sanciones, que oscilan entre 260 días y cinco años de inhabilitación, buscan garantizar que las malas prácticas en la gestión pública no queden impunes y que los funcionarios actúen en el marco de la legalidad y responsabilidad que sus cargos demandan.
