Un avance decisivo se ha producido en la investigación por el asesinato del periodista Juan Fernando Núñez Guevara, crimen que sacudió a la región La Libertad y encendió las alertas sobre la seguridad de quienes ejercen la labor periodística. La División de Investigación Criminal La Libertad (DIVINCRI LL) logró obtener una confesión clave que fortalece de manera contundente el proceso penal.
La confesión que marca un punto de quiebre
Durante la audiencia de prisión preventiva, un menor de edad admitió su participación directa como presunto autor del homicidio, reconociendo los hechos ante la autoridad judicial. Esta confesión fue resultado de una investigación exhaustiva, liderada por el Equipo N.° 01 de la Sección de Investigación de Homicidios de la DEPINCRI Centro, unidad especializada en crímenes de alta complejidad.
El trabajo policial se desarrolló en estrecha coordinación con la Fiscalía Provincial de Derechos Humanos de La Libertad, a cargo de la Dra. Milagros del Pilar Vera Mendoza, lo que permitió consolidar los elementos probatorios presentados en sede judicial.
El crimen que estremeció a la región
El asesinato del comunicador ocurrió el 06 de diciembre de 2025, alrededor de las 18:30 horas, en la zona conocida como curva La Barranca, en el distrito de Guadalupe. Desde ese momento, la Policía Nacional del Perú activó protocolos especiales de investigación, considerando la gravedad del caso y su impacto en la libertad de prensa.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el equipo de homicidios desplegó labores de inteligencia, análisis de entorno, reconstrucción de hechos y seguimiento técnico, lo que permitió cerrar el cerco y obtener una declaración decisiva que hoy fortalece la acusación fiscal.
Justicia, verdad y libertad de prensa
Este avance representa un paso firme hacia el esclarecimiento total del crimen y envía un mensaje claro: los ataques contra periodistas no quedarán impunes. Desde la DIVINCRI La Libertad se destacó el profesionalismo, la perseverancia y el compromiso de los agentes que asumieron el caso, subrayando que la protección del derecho a la vida y a la información es una prioridad institucional.
El proceso judicial continúa y no se descartan nuevas diligencias para determinar responsabilidades adicionales y esclarecer el móvil del crimen, en un caso que sigue bajo especial atención de la opinión pública regional y nacional.
