Hoy jueves el Pleno del Congreso de la República debatirá el proyecto de ley que pretende ampliar, por dos años, es decir hasta el año 2023, la entrada en vigencia de la prohibición del uso de envases de tecnopor (poliestireno expandido).
Se trata de una iniciativa legislativa que tiene no solamente un alto contenido económico, sino también social.
Y es que, solamente en el norte del país, se perderán directamente 150 mil puestos de trabajo sino se aprueba ese proyecto. Muchas pequeñas, medianas y grandes empresas ligadas a esta actividad económica tendrán que cerrar y dejar a muchas familias sin un ingreso, más aún en plena pandemia por el coronavirus. A ello hay que sumar a los emprendedores.
“Corremos el riesgo de tener más gente desocupada. Tenemos negocios -como el de los restaurantes-que aún no pueden invertir en un biodegradable pues resulta caro, ya que su costo es tres veces mayor al tecnopor”, afirmó Jaime Gonzales, representante de los comerciantes de empaques de Trujillo.
“En estos dos años se podría ver la forma en cómo dejar de usar el tecnopor y no de una manera drástica”, insistió.
Sólo en el perímetro del ex mercado Mayorista existen un promedio de 250 comerciantes vinculados al plástico y en La Hermelinda unos 600.
Miles de comerciantes que vendían envases de plásticos y de tecnopor se verán afectados a nivel nacional a causa de la Ley de Plástico N°30884 de un solo uso, que a partir de diciembre de este año prohíbe la reproducción y comercialización del mismo.
“El objetivo es contribuir con la reactivación económica de los micro y pequeños comerciantes y de los usuarios. Estos recipientes tienen mayor demanda, con la ‘nueva normalidad’, por la entrega de comida a domicilio. Además, la industria en el Perú solo está en la capacidad de reemplazar el 20% de los productos que quedarían prohibidos”, justifica el legislador de Fuerza Popular, Jorge Morante.
