POR YURI CASTRO
La Sociedad de Beneficencia de Trujillo tiene en sus inmuebles una de sus principales fuentes de sostenimiento. Casas, oficinas, terrenos, cementerios, cocheras, locales comerciales y propiedades recibidas mediante legados conformaron durante décadas un patrimonio destinado a producir recursos para financiar la atención de población vulnerable.
El problema es que en la Beneficencia también abunda la carencia de transparencia de sus funcionarios que no permite conocer en manos de quién están estos bienes, cuánto se perciben de ellos anual o mensual y si es que realmente pagan por los mismos.
Una comparación preliminar entre antiguos registros patrimoniales y la situación conocida de algunos predios revela un problema que trasciende a una gestión determinada: la Beneficencia ha enfrentado durante años dificultades para proteger, recuperar y rentabilizar adecuadamente parte de sus bienes.
Una fuente que integró anteriormente el directorio de la institución sostiene que más de 50 terrenos o inmuebles estarían comprometidos, ocupados por terceros o en peligro de perderse. Esa cifra, sin embargo, no puede darse todavía como un hecho comprobado mientras no se contraste el antiguo margesí con el inventario patrimonial actualizado, las partidas registrales y los procesos judiciales vigentes.
MILLONARIAS PÉRDIDAS
Lo que sí está documentado oficialmente es suficientemente grave. La Contraloría General de la República confirmó en 2023 que la Beneficencia perdió un terreno de 617,07 metros cuadrados perteneciente al Fundo Huerta Morales debido a actuaciones negligentes de funcionarios. El predio terminó posteriormente vendido a un tercero por US$420 mil.
Y ese no es el único caso. Otro informe del órgano de control detectó irregularidades en una concesión vinculada al antiguo Fundo Santo Tomás, mientras que un tercer informe cuestionó la ampliación por 30 años de la concesión del cementerio de Mampuesto.
Los tres episodios muestran un patrón que obliga a mirar más allá de un terreno específico: ¿qué ocurrió con el patrimonio inmobiliario que generaciones de familias trujillanas entregaron a la Beneficencia para sostener sus fines sociales?
El antiguo margesí al que tuvo acceso Causa Justa permite dimensionar la magnitud del patrimonio que llegó a administrar la institución. Entre sus bienes aparecía el Predio Huerta Morales, en la urbanización San Fernando, con 19,535 metros cuadrados; el Fundo Santo Tomás, con aproximadamente 10 hectáreas; el Cementerio de Miraflores, con más de 60 mil metros cuadrados; el Cementerio de Mampuesto; el predio Winchanzao; conjuntos habitacionales completos y decenas de oficinas, viviendas y locales comerciales en el Centro Histórico.
Solo el edificio de jirón Independencia 431 contiene decenas de unidades independientes distribuidas en varios pisos. A ellas se sumaban los conjuntos habitacionales Juan y Sabina Gildemeister, La Gallera, Ulloa, Legado Ganoza, Quinta Beneficencia y Fincas Antiguas, además de viviendas en avenida España y propiedades ubicadas incluso fuera de Trujillo.
La propia Beneficencia continúa ofreciendo actualmente espacios de este patrimonio. En enero de 2025, por ejemplo, publicitó el alquiler de una oficina ubicada precisamente en Independencia 431.
La dimensión inmobiliaria de la institución tiene una explicación histórica. Muchos de esos bienes llegaron mediante donaciones, herencias y legados. No fueron adquiridos simplemente como inversiones inmobiliarias: varios tenían una finalidad social determinada.
NIÑOS DESAMPARADOS
Y allí aparece uno de los casos más reveladores. Diez hectáreas donadas para niños que terminaron comprometidas con un privado En diciembre de 1984, Luis Felipe Ganoza Vargas y Rosa Delfín Magot de Ganoza decidieron donar un extenso terreno del antiguo Fundo Santo Tomás para beneficiar a niños desamparados. La transferencia fue formalizada posteriormente mediante escritura pública. La documentación histórica señala que el terreno comprendía alrededor de 10 hectáreas y que la voluntad de los donantes era desarrollar allí un albergue. Una parte del terreno podía utilizarse para generar los recursos necesarios para concretar ese objetivo.
Pasaron décadas y el albergue no se construyó. Pero el caso tomó un giro todavía más delicado. La Contraloría determinó posteriormente que parte del inmueble había sido entregada para un proyecto privado sin que se observaran las condiciones correspondientes.
El Informe de Control Específico N.° 041-2024-2-0424-SCE concluyó, según información publicada sobre el documento, que el entonces gerente general de la Beneficencia concesionó un inmueble sin informar al directorio, invocando una norma derogada, sin procedimiento de selección previo y sin análisis costo-beneficio.
La empresa involucrada fue Productos y Servicios Gutiérrez S.A.C. El proyecto planteaba la construcción y operación de un colegio privado en una parte del terreno y la implementación del albergue en la otra.
Según el informe, la empresa presentó en abril de 2022 la intención de suscribir el acuerdo respecto de un terreno superior a 10 mil metros cuadrados denominado sublote 6A, perteneciente al antiguo Fundo Santo Tomás.
El problema no fue solamente el destino del inmueble. La Contraloría advirtió que la empresa carecía de experiencia y que no venía cumpliendo sus obligaciones contractuales, situación que impedía optimizar los recursos de la institución. El órgano de control identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas en dos exfuncionarios.
El caso resulta especialmente significativo porque el origen del terreno no admite demasiadas dudas: fue una donación vinculada expresamente a la atención de menores. Décadas después, el propósito original continúa siendo materia de controversia.
HUERTA MORALES: UN TERRENO PERDIDO
Si Santo Tomás representa un patrimonio comprometido mediante una concesión cuestionada, el caso de Huerta Morales demuestra que la pérdida de bienes de la Beneficencia no es solamente una posibilidad futura.
El antiguo margesí identificaba Huerta Morales como un terreno urbano de 19,535 metros cuadrados, ubicado en la zona de Los Sibelius-Paganini, urbanización San Fernando. De allí se desprendió un lote de 617,07 metros cuadrados ubicado en calle Paganini 1065.
La Contraloría reconstruyó lo ocurrido. En noviembre de 2013, un tercero obtuvo la titularidad del terreno y logró inscribirlo en Registros Públicos. Cinco años después, en diciembre de 2018, la Beneficencia presentó una demanda ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad buscando anular los actos relacionados con la independización y transferencia del predio. También presentó una denuncia por presunta falsedad ideológica.
Pero ocurrió algo determinante. Según el Informe de Control Específico N.° 23364-2023-CG/GRLIB-SCE, el entonces gerente general solicitó el desistimiento de la demanda sin estar facultado para hacerlo.
En junio de 2021, el Poder Judicial declaró fundado el desistimiento y archivó el proceso. La Beneficencia perdió así una de sus principales herramientas para recuperar el terreno. El desenlace fue contundente: después de independizarse la partida registral a favor de un tercero, los 617,07 metros cuadrados fueron vendidos por US$420 mil.
La Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios o servidores. La pérdida del terreno está documentada por el órgano superior de control del Estado.
MAMPUESTO: AÑOS DE CONCESIÓN CUESTIONADOS
Otro activo estratégico de la Beneficencia también quedó bajo observación de la Contraloría. Se trata del Cementerio de Mampuesto. El Informe de Control Específico N.° 13258-2023-CG/GRLIB-SCE examinó la renovación y ampliación de la concesión del camposanto.
La Contraloría concluyó que se había suscrito una renovación y ampliación pese a que la norma que permitió la concesión original había sido derogada, sin considerar adecuadamente el contrato vigente, la Ley de Cementerios y el Código Civil y sin poner la operación en conocimiento del directorio.
El contrato original había sido firmado en 1999 y todavía estaba vigente hasta febrero de 2028. A pesar de ello, en 2022 se suscribió una ampliación por otros 30 años. La consecuencia advertida por la Contraloría va directamente al corazón del problema patrimonial: la decisión privaba a la Beneficencia de la posibilidad de gestionar directamente el cementerio durante el plazo concedido y ponía en riesgo recursos destinados a sus servicios de protección social.
El informe determinó presuntas responsabilidades de tres funcionarios o servidores. El caso incluso llegó posteriormente al Tribunal Constitucional mediante una demanda de amparo relacionada con el informe de control. Una sentencia publicada en 2025 confirma la existencia del procedimiento de Contraloría y las irregularidades que este había identificado en la renovación.
La institución ya cargaba con un problema millonario de alquileres. El problema patrimonial tampoco empezó recientemente. Cuando en 2011 se produjo la transferencia administrativa de la Beneficencia a la Municipalidad Provincial de Trujillo, ya existían serias dificultades relacionadas con sus inmuebles.
Información de aquella época consignada en los documentos revisados señalaba la existencia de inquilinos con cuantiosas deudas, entre ellos entidades estatales, instituciones, profesionales y organizaciones.
La entonces presidenta Miriam Pilco Deza declaró que se había procedido a condonar aproximadamente S/1 millón en alquileres considerados incobrables. La cifra era considerable. El presupuesto de la institución correspondiente a 2010 había sido de S/6,32 millones. Por tanto, el millón de soles representaba aproximadamente el 15,8% de ese presupuesto, no una quinta parte como aparece erróneamente en una sección del material recopilado.
La importancia de esos ingresos radica en la propia naturaleza de la Beneficencia. Los inmuebles no constituyen solamente patrimonio acumulado. Son activos que pueden generar ingresos para financiar la función social de la institución.
Actualmente, la Beneficencia atiende, entre otros grupos, a más de 50 niños y alrededor de 60 adultos mayores mediante sus programas sociales, según información divulgada en marzo de 2026. Cada inmueble perdido, improductivo, ocupado irregularmente o sometido a una contratación perjudicial puede tener, por tanto, una consecuencia económica sobre esa capacidad de atención.
La pregunta clave: ¿cuántos bienes quedan realmente? Aquí se encuentra el principal vacío que Causa Justa considera necesario esclarecer. El antiguo inventario recopilado contiene alrededor de un centenar de predios, viviendas, oficinas y unidades inmobiliarias.
Una fuente conocedora de la administración patrimonial sostiene que al comparar esa relación con registros posteriores existen bienes que ya no aparecerían y asegura que más de 50 propiedades estarían en riesgo, comprometidas o bajo situaciones que requieren recuperación.
El punto de partida debe ser sencillo: tomar cada inmueble del antiguo margesí y determinar su situación actual. ¿Continúa inscrito a nombre de la Beneficencia? ¿Está ocupado? ¿Quién lo utiliza? ¿Existe contrato? ¿Cuánto paga? ¿Tiene deuda? ¿Está judicializado? ¿Fue concesionado? ¿Fue independizado? ¿Fue transferido? ¿Genera actualmente ingresos? ¿Se cumple el propósito establecido por el donante? Solo entonces podrá conocerse la verdadera dimensión del problema.
Causa Justa ya informó en mayo sobre las controversias surgidas alrededor de inmuebles históricos administrados por privados, entre ellos la denominada Casona Traverso, ubicada en jirón Independencia 325. Documentos notariales revisados entonces mostraron requerimientos de información financiera y acciones para regularizar la situación de bienes patrimoniales.
La Beneficencia de Trujillo posee un patrimonio inmobiliario formado en buena medida mediante donaciones y legados destinados a sostener una finalidad social. Y existen al menos varios episodios oficialmente documentados en los que la administración de ese patrimonio fue comprometida.
