Casgabamba, en el distrito de Sarín, provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), vive una intensa jornada de lucha social. Comuneros y ronderos de la zona han cumplido cinco días consecutivos de movilización pacífica contra la empresa minera JONGOS, a la que acusan de contaminar las fuentes de agua y afectar directamente la salud de sus cultivos, animales y habitantes.
Las imágenes que circulan en redes sociales y medios alternativos muestran a decenas de pobladores apostados en las vías de acceso, con pancartas y cánticos, exigiendo la paralización inmediata de las operaciones mineras en la zona. Según denuncias de los comuneros, las actividades extractivas han generado vertimientos contaminantes en quebradas y manantiales que abastecen a Casgabamba y comunidades aledañas.
“Estamos cansados de que nos envenenen. Nuestra agua ya no sirve para nada y nuestras chacras se están secando”, declaró un dirigente de la ronda campesina durante una de las concentraciones públicas. “La empresa minera JONGOS no tiene licencia social ni ha dialogado con la población. Esta lucha es por la vida”, añadió.
Los agricultores locales aseguran que el agua presenta coloración extraña, olores fuertes y ha ocasionado la muerte de animales de granja. También han observado una disminución alarmante en el caudal de los manantiales, hecho que relacionan directamente con el avance de la explotación minera.
Por su parte, representantes de la empresa minera no se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Sin embargo, las comunidades han exigido la presencia inmediata de funcionarios del Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para realizar una evaluación técnica y transparente de la situación.
Además, reclaman que hasta la fecha ninguna autoridad regional ni del gobierno central ha acudido a la zona para verificar in situ el conflicto socioambiental, lo que ha incrementado el malestar y la desconfianza entre los pobladores.
Casgabamba no está sola en esta causa. Diversas organizaciones sociales y comunidades vecinas han mostrado su respaldo a la protesta. Los manifestantes afirman que su movilización se mantendrá indefinidamente hasta que se detenga la contaminación, se sancione a los responsables y se garantice el respeto al territorio comunal.
También denuncian que la empresa habría ingresado sin consentimiento a zonas consideradas de uso agrícola y cultural, lo que vulnera el derecho a la consulta previa, establecido por el Convenio 169 de la OIT.
“Nos quieren dividir, pero el agua es de todos. Esta lucha es por nuestros hijos, por nuestras cosechas, por nuestra dignidad como pueblo campesino”, concluyó una comunera durante una asamblea pública.
