Una nueva controversia estalló en la sierra liberteña. Ronderos y pobladores de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, rechazaron contundentemente la construcción de un penal de máxima seguridad y un centro de rehabilitación juvenil, proyectado por el Gobierno Regional de La Libertad y el Ministerio de Justicia, obligando a los funcionarios a abandonar el terreno.
El incidente ocurrió en el sector El Sauco, donde personal técnico del Gobierno Regional de La Libertad y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) llegó para realizar una inspección al terreno de 24 hectáreas, el cual fue recientemente saneado y transferido a nivel administrativo como parte de los avances del ambicioso proyecto de infraestructura penitenciaria.
Sin embargo, la delegación fue interceptada por ronderos y comuneros de Quiruvilca, El Sauco, Sanagorán, Uscate y Usquil, quienes denunciaron no haber sido informados previamente sobre la visita, ni mucho menos haber autorizado el ingreso de personal técnico.
“Esto es propiedad privada, no pueden ingresar así nada más. Quieren imponer proyectos que nadie ha consultado con la comunidad y eso no lo vamos a permitir”, se escucha en uno de los videos difundidos en redes sociales, donde se observa a un grupo numeroso de pobladores increpando a los funcionarios y exigiendo que prometan no regresar.
El gerente general del Gobierno Regional, Martín Namay Valderrama, lamentó los hechos e indicó que existe una clara desinformación sobre el propósito de la visita. “La delegación solo iba a revisar el terreno, no a colocar ninguna primera piedra ni iniciar obras. Se está malinterpretando todo el proceso”, explicó en declaraciones oficiales.
Namay sostuvo que el predio ya fue transferido por la región a la SBN, y que será esta institución la encargada de cederlo formalmente al Ministerio de Justicia para la formulación del perfil técnico y posterior licitación de las obras. “Se ha pedido una reunión informativa con las rondas campesinas para aclarar el tema. Espero que esto no esté siendo usado políticamente”, añadió.
A pesar de ello, los dirigentes ronderos insisten en que no permitirán el desarrollo de ningún proyecto penitenciario en terrenos que consideran de propiedad comunal o en proceso de posesión.
La iniciativa del nuevo penal busca descongestionar el hacinado penal El Milagro de Trujillo, diseñado para 1,800 internos pero con más de 5,400 reclusos actualmente. Además, se propone mejorar el sistema de rehabilitación juvenil, con un espacio independiente para menores infractores.
No obstante, la falta de una estrategia de diálogo comunitario y consulta previa ha desatado resistencias en zonas rurales como Quiruvilca, donde las rondas campesinas tienen una fuerte autoridad y arraigo territorial.
El conflicto deja en evidencia la necesidad de que el Gobierno Regional y el Ministerio de Justicia implementen procesos de información transparente, participación ciudadana y respeto por los actores comunales, antes de seguir adelante con un proyecto de alto impacto social y territorial.
