La conformación del equipo de transferencia del gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori enfrenta nuevos cuestionamientos. Marco Antonio Vinelli Ruiz, quien encabeza dicho grupo de trabajo, mantiene un proceso judicial promovido por el Estado peruano, que busca el pago de una indemnización superior a los S/ 340 mil por presuntos perjuicios ocasionados durante su gestión como director ejecutivo de Agro Rural.
La demanda tiene como sustento un informe de la Contraloría General de la República que identificó presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de obra pública desarrollado entre 2015 y 2016.
Contraloría detectó presunto perjuicio económico
De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 022-2022-2-5741-SCE, emitido por la Contraloría en agosto de 2022, varios funcionarios de Agro Rural habrían permitido que ampliaciones de plazo en una obra fueran aprobadas sin contar con el debido sustento técnico.
Según el órgano de control, esa actuación favoreció al contratista y posteriormente dio lugar al reconocimiento de mayores gastos generales mediante un laudo arbitral.
Como consecuencia de ello, la Contraloría concluyó que Agro Rural sufrió un perjuicio económico de S/ 340,547.14, monto que posteriormente fue utilizado como base para la demanda civil presentada por la entidad estatal.
Agro Rural demandó a ocho exfuncionarios
Con base en las conclusiones del informe de control, Agro Rural interpuso en 2023 una demanda por daños y perjuicios contra Marco Antonio Vinelli Ruiz y otros siete exfuncionarios que participaron en la administración del proyecto.
Inicialmente, el proceso fue tramitado ante el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima, el cual declaró improcedente la demanda en noviembre de 2025.
Sin embargo, Agro Rural apeló la decisión y la Primera Sala Laboral Permanente determinó posteriormente que la justicia laboral no era competente para conocer el caso.
La Sala anuló todo lo actuado y dispuso que el expediente sea remitido a la jurisdicción civil, al considerar que el proceso se origina en presuntas responsabilidades funcionales de los exfuncionarios.
La resolución que definió esta competencia fue notificada el pasado 22 de junio.
El caso será evaluado por un juez civil
Con esta decisión, el expediente deberá ser asignado a un juzgado civil de Lima, instancia que será la encargada de determinar si Marco Antonio Vinelli Ruiz y los demás demandados tienen responsabilidad patrimonial frente al Estado.
En esa etapa también se evaluará si corresponde ordenar el pago de la indemnización reclamada por Agro Rural.
Es importante precisar que el proceso actualmente corresponde a una demanda civil por daños y perjuicios, por lo que aún no existe una sentencia definitiva sobre el fondo del caso.
Existe un segundo informe de Contraloría
Los cuestionamientos no terminan allí.
La Contraloría también emitió el Informe de Control Específico N.° 022-2021-2-5741-SCE, relacionado con otra obra ejecutada en la región Huancavelica.
En dicho documento se identifican hechos de características similares y se atribuye responsabilidad funcional a Marco Antonio Vinelli Ruiz por un presunto perjuicio económico ascendente a S/ 244,161.01.
Este segundo informe también forma parte de los antecedentes administrativos relacionados con su gestión al frente de Agro Rural.
La designación de Marco Antonio Vinelli Ruiz como jefe del equipo de transferencia cobra especial relevancia debido a que será uno de los responsables de coordinar el proceso de recepción de información del gobierno saliente y preparar la instalación de la nueva administración.
Mientras tanto, el proceso judicial derivado del informe de Contraloría continuará su trámite en la vía civil, donde finalmente se determinará si corresponde establecer responsabilidad y ordenar el pago de la indemnización solicitada por el Estado.
