Por José Antezana Soto
Especialista en seguridad
Estamos conviviendo con una inseguridad ciudadana galopante. Por un lado, el crimen organizado, tráfico de terrenos, fortalecido en las principales ciudades, delincuencia en general, el pan nuestro de cada día. Ni hablar del incremento de la violencia familiar, la trata de personas, con secuestros a menores de edad por violencia sexual y tráfico de órganos, el deterioro de la salud mental de los peruanos en incremento día a día y la inseguridad ciudadana incrementada en relación a los meses de agosto y setiembre. La situación se agrava aún más con nuestra alicaída economía que da muestras de recuperación, ya que la prestación de servicios a empresas aumentó un 21 %, la reactivación de restaurantes un 123 %, la actividad comercial aumentó a un casi 13 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) a julio 202. Es decir, de alguna manera, los emprendedores apuestan por invertir y hacer patria, sin el apoyo ni la garantía de seguridad, que debe brindar el gobierno central, que al asumir prometió, entre otras cosas, la expulsión de los delincuentes extranjeros, el fortalecimiento de las rondas campesinas, entre otros, sin mostrar a la fecha un avance significativo en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
En esta coyuntura política actual, incierta y de inestabilidad, con una nueva premier y nuevos ministros, que esperemos sirva para que tanto el Ejecutivo y el Congreso trabajen en forma coordinada por el desarrollo de nuestro país, y por una decisión política, que no lo hay, para activar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec), presidido por el presidente de la República, y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), presidido por la Premier, para implementar nuevas e innovadoras políticas y estrategias contra la inseguridad ciudadana o en todo caso declarar en emergencia la inseguridad ciudadana.
Ante esta triste realidad, hoy más que nunca, el Perú necesita de sus ciudadanos para organizarse y realizar el control preventivo, desde las Juntas Vecinales, Brigadas Urbanas, Rondas Campesinas, Comités de Autodefensa, Mototaxistas, a las cuales se debe realizar un empadronamiento urgente, consideradas como organizaciones sociales de seguridad ciudadana, que con una asignación presupuestal que incluya el pago de honorarios a sus integrantes, logística y equipamiento con cámaras de seguridad, alarmas, uniformes y accesorios de seguridad defensiva, teniendo en cuenta su jurisdicción dónde desarrollarán su labor preventiva.
Eso acompañado con una ley y normas, a legislarse desde el Congreso, en forma urgente, permitiendo que se reduzcan los espacios sociales dónde campea la delincuencia y ser un gran aliado preventivo de nuestra Policía Nacional, en la que también urge la presencia preventiva y disuasiva de las Fuerzas Armadas en los lugares estratégicos de seguridad nacional para, posteriormente, de acuerdo a las circunstancias, convertirse también en un gran aliado preventivo de nuestra Policía Nacional, para lo cual ya deben estar preparándose y debatiéndose los proyectos de ley y que no nos encuentre con la incertidumbre de qué hacer, cuando la inseguridad ciudadana sea incontrolable.
Los programas y planes como el “Sanahoria” (sana ahora) y “Mansano” (hombre sano), impulsados por mi persona, deben convertirse en proyectos de bandera dentro de las estrategias y políticas en los diferentes comités de seguridad ciudadana, sea esta regional, provincial o distrital. Urge ordenar las ciudades, educar en prevención y fortalecer la salud mental de nuestras familias peruanas, pues solo de esta manera podremos realizar un trabajo integral sostenible para ganar la lucha de vivir y respirar paz para lograr nuestro desarrollo socioeconómico.
