El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo declaró que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, infringió el principio de neutralidad electoral, al realizar actos de proselitismo político en favor de su partido, Alianza para el Progreso (APP), durante el actual proceso de Elecciones Generales 2026.
Mediante la Resolución N.º 00278-2025-JEE-TRUJ/JNE, emitida el 9 de octubre de 2025, el colegiado electoral determinó que Acuña incurrió en las infracciones tipificadas en los numerales 32.1.2 y 32.1.5 del artículo 32 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral.
El JEE concluyó que, en su condición de autoridad elegida por sufragio popular, el gobernador vulneró el deber de neutralidad estatal al difundir en su Facebook personal un video con declaraciones que promovían explícitamente a Alianza para el Progreso.
“En la publicación del 2 de octubre de 2025, a las 8:23 p. m., el señor César Acuña Peralta realiza actos de proselitismo político a favor de la organización Alianza para el Progreso, de la cual es presidente, instando a la población a considerarla como la mejor opción para senadores y diputados”, señala el documento.
En la transcripción incluida en el expediente, Acuña afirma: “Ahorita APP está de moda. Recuerden hoy día que todo el mundo aspira a ser diputado, y todo el mundo aspira a ser senador tiene que buscarse una mejor opción, y creo, modestia aparte, que ahorita la mejor opción para ser diputado o senador es Alianza para el Progreso”.
Para el JEE, esta expresión constituye un acto de propaganda electoral que favorece directamente a la agrupación política de la cual el propio Acuña es líder, quebrantando la imparcialidad exigida a las autoridades en funciones.
El órgano electoral resolvió instar al gobernador a que, en lo sucesivo, se abstenga de interferir en el proceso electoral, debiendo mantener estricta observancia del deber de neutralidad a fin de garantizar contiendas justas e imparciales.
Asimismo, dispuso la remisión del expediente al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Consejo Regional de La Libertad, para que actúen conforme a sus competencias una vez que la resolución quede consentida o ejecutoriada.
