La criminalidad en La Libertad ha cruzado una línea especialmente grave: el uso sistemático de menores de edad como ejecutores directos de atentados con explosivos. No se trata de hechos aislados ni improvisados, sino de una modalidad que revela planificación, captación y explotación de adolescentes en situación de vulnerabilidad, convertidos en instrumentos desechables del crimen organizado.
El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno Panta, confirmó que las organizaciones criminales vienen pagando entre 50 y 100 soles a menores para que arrojen dinamitas y otros artefactos explosivos contra negocios, colegios y viviendas. En lo que va del año, 14 adolescentes de entre 13 y 17 años han sido intervenidos por su participación directa en este tipo de delitos.
La cifra, aunque ya alarmante, es apenas una fotografía parcial de un fenómeno más amplio. Detrás de cada menor detenido hay una red que lo reclutó, lo instruyó y lo envió a cumplir una tarea de alto riesgo, aprovechando su edad para reducir las consecuencias penales y dificultar la persecución de los verdaderos responsables.
“Es la parte más vulnerable de la sociedad”, advirtió Moreno Panta. “Estos delincuentes se aprovechan de que los menores están desatendidos, que no tienen una orientación familiar sólida. Por 50 o 100 soles, estos niños van y arrojan bombas causando pánico. No tienen conciencia del daño que generan”.
Los casos registrados en los últimos meses confirman que la violencia ya no distingue espacios. En La Esperanza, un escolar fue sorprendido cuando intentaba lanzar una carga explosiva dentro de un colegio. En El Porvenir, un adolescente de 17 años dejó una caja con 35 artefactos explosivos en los servicios higiénicos del mercado Los Portales. En Chao, nueve menores fueron retenidos tras colocar dinamitas en una ferretería y una vivienda. En Moche, cuatro escolares fueron sindicados de dejar un detonante en una botica del sector Miramar.
El patrón se repite: menores enviados a plena luz del día, a lugares concurridos, con la consigna de generar terror y dejar un mensaje extorsivo. Son operaciones de bajo costo para las bandas, pero de altísimo impacto social.
Según la Policía, los adolescentes no actúan por iniciativa propia. Son dirigidos por cabecillas que, en muchos casos, no se encuentran físicamente en La Libertad. Las órdenes llegan desde fuera, incluso desde otros países, a través de celulares y redes de mensajería, lo que evidencia un nivel de articulación transnacional del delito. El menor es solo el último eslabón de una cadena que comienza mucho más arriba y que rara vez se logra desarticular por completo.
Este uso de adolescentes como “mensajeros del terror” cumple varios objetivos para las organizaciones criminales. Reduce el riesgo para los líderes, diluye responsabilidades penales y explota la fragilidad social de barrios donde la pobreza, la deserción escolar y la falta de oportunidades crean el caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento. A cambio de sumas irrisorias, los menores asumen riesgos mortales, manipulan explosivos sin conocimiento técnico y se exponen a perder la vida o quedar marcados de por vida por el sistema penal juvenil.
Desde la PNP se reconoce que la respuesta no puede ser únicamente policial. “Tenemos que hacer una campaña fuerte para evitar que estos menores sean captados”, sostuvo Moreno Panta. El problema, sin embargo, va más allá de campañas puntuales. Involucra al sistema educativo, a los gobiernos locales, a los programas sociales y a un Estado que ha llegado tarde a muchos territorios donde hoy manda la criminalidad.
La Libertad enfrenta así una de las expresiones más crudas de la violencia contemporánea: niños y adolescentes utilizados como carne de cañón por mafias que operan desde la sombra. Mientras los cabecillas siguen libres y las extorsiones continúan, los menores cargan explosivos, cruzan mercados y colegios, y se convierten en el rostro más trágico de una inseguridad que ya no solo mata, sino que también roba el futuro.
