Una nueva alerta sobre el uso indebido de recursos públicos sacude al Gobierno Regional de La Libertad. Esta vez, la observación recae sobre Jorge Sigüenza Quispe, coordinador político de Alianza para el Progreso (APP) en el distrito de Alto Trujillo, quien habría presentado documentación falsa para obtener un contrato por S/ 38 mil.
Según el Informe de Oficio Posterior N.º 049-2025, elaborado por la Contraloría General de la República, Sigüenza fue contratado por la Subgerencia de Caminos de la región, entonces adscrita a la Gerencia de Infraestructura, para realizar labores de gestión, control y seguimiento de maquinaria en la denominada “Zona 3”.
El documento que encendió las alarmas
Para justificar su experiencia profesional, Sigüenza presentó un certificado de trabajo que supuestamente había sido emitido por M&R Engineer S.A.C., indicando que trabajó allí entre enero de 2017 y enero de 2018. Sin embargo, al contrastar esta información, la Contraloría solicitó una declaración del gerente general de la empresa, Kenny Matos Rojas, quien negó rotundamente que Sigüenza haya trabajado en su compañía.
La respuesta fue clara y directa: “Jorge Sigüenza jamás laboró para mi empresa”, sentenció Matos ante el órgano de control. Este hecho no solo invalida el certificado presentado, sino que deja en evidencia un presunto delito de falsificación de documentos para acceder a fondos públicos.
Silencio del implicado y deslindes institucionales
Jorge Bringas, actual gerente regional de Infraestructura, en declaraciones a diario Correo, sostuvo que su área únicamente formuló el requerimiento del personal. Añadió que la revisión de la documentación correspondía a la Gerencia de Contrataciones y que, desde marzo de este año, la Subgerencia de Caminos pasó a depender de la Gerencia de Transportes, por lo cual no podía pronunciarse sobre el desempeño de Sigüenza ni calificar su labor. Incluso aseguró: “No conozco al señor Sigüenza”.
La Contraloría ha instado al gobernador regional, César Acuña Peralta, a tomar las medidas necesarias para corregir esta contratación irregular. Además, el caso podría derivar en una denuncia penal por el uso de documentos falsos, así como en sanciones administrativas internas para los funcionarios que aprobaron la contratación sin verificar la autenticidad de los documentos.
Este hecho se suma a otras observaciones realizadas en el aparato regional en los últimos meses, muchas de ellas vinculadas a procesos cuestionables de contratación y favoritismo político.
