Una decisión judicial tomada por la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha generado controversia y preocupación entre la ciudadanía. Se trata de la liberación de seis ciudadanos venezolanos y un peruano, quienes habían sido detenidos bajo sospecha de integrar una organización criminal, pero que finalmente fueron puestos en libertad por presuntas irregularidades en la intervención policial.
Según información obtenida por Causa Justa, los ahora liberados fueron presentados públicamente por la Policía Nacional del Perú (PNP) como integrantes de la temida banda “Los Chamos de Pataz”, a quienes incluso se les atribuyeron vínculos con “Los Pulpos” y la supuesta participación en el secuestro de un joven minero de 21 años en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz.
En el momento de su detención, la PNP informó haber hallado en su poder armas de fuego, explosivos y municiones, evidencia que incluso fue difundida en medios de comunicación mediante fotos filtradas desde la misma institución policial.
Durante la audiencia judicial, sin embargo, no se pudo acreditar de forma fehaciente la posesión directa de los explosivos y armas por parte de los detenidos. De hecho, la defensa argumentó —y el juzgado reconoció— que el inmueble donde se encontró el material no pertenecía a los imputados, sino a una tercera persona que actualmente se encuentra en calidad de no habida.
Los seis ciudadanos venezolanos coincidieron en denunciar que las municiones fueron sembradas, lo que debilitó aún más la tesis de la Fiscalía. El fiscal del caso, Leonel Altamirano Llovera, presentó 30 evidencias; sin embargo, la jueza Saida Korina Fonseca León decidió finalmente no dictar prisión preventiva, ordenando su libertad inmediata.
Este incidente pone sobre la mesa la necesidad urgente de reforzar los protocolos policiales, así como la importancia de garantizar tanto la eficacia en la lucha contra el crimen organizado como el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales de los implicados.
