Una investigación de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera (MDVLH) puso al descubierto un esquema de evasión fiscal en la compraventa de bienes inmuebles. Según informó el procurador municipal Carlos Boy Vásquez, se formularon 18 denuncias por presuntos delitos de falsificación y defraudación tributaria contra ciudadanos que habrían declarado montos menores al real en la transferencia de propiedades, con el objetivo de pagar menos impuesto de alcabala.
Gracias a las acciones legales, los denunciados ya pagaron más de S/ 622,000 en tributos y reparaciones.
¿Cómo operaban los evasores?
De acuerdo con las pesquisas, los implicados consignaban valores muy por debajo del precio real en las minutas y escrituras públicas, simulando operaciones con montos menores para pagar menos impuesto de alcabala. Este impuesto, regulado por el artículo 21 del Texto Único Ordenado (TUO) de Tributación Municipal, equivale al 3% del valor del inmueble y grava toda transferencia onerosa o gratuita de propiedad.
“Estas personas intentaron burlar la ley. Pero con la documentación de Sunarp y la verificación de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, hemos demostrado la verdadera magnitud de las operaciones y hecho que paguen lo que corresponde”, precisó Boy Vásquez.
Investigación y resultados
Las denuncias se sustentaron en los informes de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, que detectó diferencias entre los montos declarados en las transacciones y los valores inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
Estas revisiones se realizaron sobre operaciones entre los años 2019 y 2022. Tras el cruce de información, se evidenciaron subvaluaciones intencionales en los documentos presentados a la comuna, lo que motivó las denuncias y los procesos judiciales.
Hasta la fecha, los acusados ya han abonado más de S/ 622,000 entre reintegros y reparaciones por los impuestos evadidos.
El caso evidencia la importancia de la fiscalización municipal y del cruce de información con otras entidades públicas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
“El mensaje es claro: quienes intenten evadir impuestos a través de simulaciones o falsificaciones serán investigados y sancionados conforme a ley”, concluyó el procurador.
