En el Gobierno Regional de La Libertad se vuelve a abrir un debate que lleva años atrapado entre el cálculo político y la resistencia del poder ejecutivo: ¿debe el Consejo Regional tener facultades para interpelar y censurar a los gerentes? Para los consejeros provinciales, la respuesta es sí, y no solo sí: es urgente.
La reciente detención del exgerente de Salud, Aníbal Morillo Arqueros, investigado por su presunta participación en una red de sobornos vinculada al caso Frigoinca, ha reavivado la discusión. Los consejeros afirman que, de haberse contado con herramientas de control político más fuertes, Morillo habría dejado el cargo mucho antes de que los hechos salieran a la luz por un reportaje dominical. “Hace tiempo se hubiera ido a su casa”, reclamó el consejero por Pataz, Frak Sánchez. Su comentario no es aislado: expresa un hartazgo extendido en un Consejo Regional que, pese a representar a las provincias, trabaja con limitadas facultades frente a un Ejecutivo que históricamente se ha negado a ceder terreno.
La demanda se centra en la Ordenanza Regional N.º 013-2020-GRLL-CR, aprobada por el Consejo en 2020, que otorga al legislativo regional la capacidad de interpelar y censurar a gerentes, subgerentes, jefes de oficinas y directores de proyectos especiales. En otras palabras, permite que el Consejo no solo fiscalice, sino que también tenga un mecanismo efectivo para exigir responsabilidades. Sin embargo, dicha ordenanza nunca entró en vigencia. Primero fue el exgobernador Manuel Llempén quien se negó a firmarla. Luego, ya en la gestión de César Acuña, el Consejo volvió a ratificarla, pero el líder de APP también se negó a promulgarla, pese a una orden explícita de la Tercera Sala Civil de La Libertad que le exigía hacerlo.
Ese antecedente abre una interrogante de fondo: ¿por qué dos gobernadores —de corrientes políticas distintas— decidieron bloquear una norma que fortalecería la fiscalización? Para varios consejeros, la respuesta es clara: la censura constituye un contrapeso real al poder del gobernador, especialmente en las gerencias estratégicas donde se concentra presupuesto, licitaciones y decisiones clave. Es allí donde, a lo largo de años, se han registrado irregularidades, falta de transparencia y, en casos recientes, escándalos de corrupción.
El consejero por Trujillo, Robert De la Cruz, ha sido uno de los más firmes en reclamar que la ordenanza sea finalmente firmada por la gobernadora Joana Cabrera Pimentel, quien asumió tras la suspensión de César Acuña. Para De la Cruz, no se trata de un capricho ni de una disputa política, sino de cumplir la ley. “Hay una orden judicial que la gobernadora tiene que cumplir”, dijo. La frase, sin embargo, revela una tensión más profunda: la gobernadora enfrenta el desafío de gobernar sin la sombra de Acuña, pero también con una estructura administrativa aún dominada por cuadros vinculados a su antecesor. Firmar la ordenanza sería, en los hechos, entregar al Consejo Regional una herramienta capaz de remover a esos funcionarios.
El contexto actual hace más difícil postergar decisiones. La detención de Aníbal Morillo, acusado de manipular inspecciones sanitarias y favorecer a empresas proveedoras de Qali Warma, ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema de control dentro del propio Gobierno Regional. Los consejeros señalan que la falta de facultades para censurar gerentes permitió que Morillo se mantuviera en un cargo clave incluso cuando las alertas internas ya eran evidentes. La percepción ciudadana no es diferente: cada caso de corrupción refuerza la idea de que las gerencias funcionan sin supervisión efectiva.
A esto se suma la presión política interna. Los consejeros por Pataz, una de las provincias más golpeadas por la minería ilegal y la violencia, han sido contundentes. Luis Rodríguez Ponce, representante de la zona, ha señalado que la crisis en las gerencias regionales afecta directamente la capacidad del Estado para enfrentar problemas críticos como la seguridad, la salud y la presencia del crimen organizado. Para él, la firma de la ordenanza “es urgente”.
La gobernadora Joana Cabrera aún no se pronuncia oficialmente. Su silencio genera expectativas y también tensiones. Firmar la ordenanza significaría alinearse con el mandato judicial y con el reclamo unánime del Consejo Regional. No hacerlo la situaría en la misma posición que Llempén y Acuña, repitiendo el patrón de concentración de poder en el Ejecutivo regional.
En La Libertad, una región marcada por la criminalidad, la minería ilegal, la crisis sanitaria y los escándalos administrativos, el control político no es solo un asunto institucional: es una necesidad urgente. Los consejeros están decididos a presionar y advierten que este será uno de los temas centrales en los próximos meses.
El Ejecutivo regional enfrenta así una disyuntiva que definirá el equilibrio político de la región: permitir que el Consejo cumpla su rol fiscalizador con herramientas reales o continuar con un modelo de gerencias blindadas donde la responsabilidad se diluye, y los problemas —como tantas veces— estallan cuando ya es demasiado tarde.
