El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para cuatro suboficiales de la Policía Nacional del Perú investigados por los presuntos delitos de secuestro y extorsión en la provincia de Pataz, en la región La Libertad. La medida fue dictada por el Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria y dispone su internamiento en el penal El Milagro de Trujillo mientras continúan las investigaciones.
Los agentes procesados son Jhonatan Martínez Santa Cruz, Julio Reyna Pereda, Jimmy Ruiz Mendoza y Ciro Vega Reyes, quienes fueron detenidos el pasado 12 de abril tras una intervención ejecutada en la sierra liberteña.
Según la tesis del Ministerio Público, el caso se originó luego de la denuncia de un ciudadano que alertó que desconocidos exigían 40 mil soles a cambio de liberar a su hermana, quien presuntamente permanecía retenida contra su voluntad. A partir de esa información, personal de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), junto con miembros del Ejército, desplegó un operativo en el anexo de Chagual, en el distrito de Pataz.
Las autoridades coordinaron la supuesta entrega del dinero y posteriormente se produjo una persecución en la zona de Zarumilla contra una camioneta Toyota Hilux sin placa de rodaje. Dentro del vehículo se encontró el dinero que habría sido exigido al denunciante, además de armas de fuego de corto y largo alcance, municiones, chalecos antibalas y equipamiento policial.
El hallazgo agravó la situación legal de los intervenidos y fortaleció los argumentos fiscales para solicitar prisión preventiva, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.
Sobre la decisión judicial, el jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno Panta, confirmó que el Poder Judicial dispuso la medida coercitiva y precisó que la defensa legal de los investigados podrá presentar recurso de apelación en los próximos días.
El caso ha generado fuerte impacto en La Libertad debido a que involucra a efectivos policiales en funciones y ocurre en una provincia marcada por la violencia, la minería ilegal y la presencia de organizaciones criminales. La investigación continuará bajo dirección fiscal para determinar responsabilidades penales y posibles conexiones adicionales.
