En medio de cuestionamientos sobre transparencia y eficiencia, la gestión del alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, vuelve a estar en el centro del debate. Esta vez no por la minería ilegal ni la creciente violencia, sino por la adjudicación de contratos de obras públicas a empresas con antecedentes de irregularidades.
De acuerdo con un informe de Perú21, entre 2024 y 2025 la municipalidad ha adjudicado contratos por más de S/ 17 millones a consorcios que incluyen compañías sancionadas previamente por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Estadio con 2.7 % de avance
Una de las principales obras observadas es la construcción del Estadio Municipal Andrés Marsano Porras, en Tayabamba, con un presupuesto de S/ 6.9 millones. Fue adjudicada al Consorcio Ejecutor Tayabamba, liderado casi en su totalidad (95 %) por la empresa Continental Constructora y Servicios Generales SAC. Esta empresa fue sancionada en 2017 por presentar información falsa al OSCE e inhabilitada por un año.
Pese a que la obra debía estar terminada en junio de 2025, a la fecha solo presenta un avance físico del 2.7 %, generando preocupación entre los vecinos y las autoridades de control.
Puente sin avance y antecedentes
Otro caso emblemático es la renovación del puente en la vía vecinal LI-877, adjudicada al Consorcio Puentes por un monto de S/ 3.4 millones. La empresa principal del consorcio, Constructora Guerrero EIRL, fue inhabilitada dos veces entre 2017 y 2021 por documentación adulterada. La obra empezó en febrero, pero hasta ahora registra un 0 % de avance.
Colegio también en entredicho
Por último, el mejoramiento del colegio Sor María del Sagrado Corazón, presupuestado en S/ 1.9 millones, fue encargado al Consorcio J y M, donde participa la empresa Contratistas Otiniano Salvatierra SAC, también con antecedentes ante el OSCE por irregularidades.
El descargo del alcalde
Consultado sobre estas adjudicaciones, el alcalde Aldo Carlos Mariños sostuvo que “hay un equipo técnico que se encarga de la selección de las compañías”, deslindando responsabilidad directa en la elección de las empresas. Sin embargo, la falta de resultados y los antecedentes de las empresas acrecientan las críticas y ponen en tela de juicio los procedimientos de contratación.
Estas revelaciones ponen en evidencia la necesidad urgente de una mayor fiscalización y vigilancia ciudadana sobre el manejo de los fondos públicos en la provincia, donde la desconfianza hacia las autoridades aumenta junto con el retraso de las obras.
