El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha puesto en la mira a Alianza para el Progreso (APP) tras detectar la colocación de una valla publicitaria en plena carretera en la provincia de Julcán, La Libertad, promoviendo la candidatura presidencial de César Acuña Peralta para las elecciones del 2026.
Según el Informe N° 000002-2025-LCC-JEECHICLAYO-EG2026/JNE, elaborado por la fiscalizadora provincial Luz Chiroque Cruz, esta acción podría constituir una vulneración a las normas electorales y de tránsito, al ubicar propaganda política en una vía pública donde está expresamente prohibido.
La valla cuestionada
El panel fue instalado a un costado de la carretera Julcán – Campo Bello, en el caserío de Santa Rosa, aproximadamente a un kilómetro de la Molinera Zavala. En él se aprecia la imagen de César Acuña, el símbolo de APP y las frases: “Compromiso con el Perú 2026” y “Acuña presidente”.
La fiscalizadora indicó en su informe que, conforme al artículo 41 del Texto Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito (Decreto Supremo N° 016-2009-MTC), está prohibida la colocación de letreros de propaganda en caminos. En las fotografías adjuntas al informe, la valla se ubica a solo dos metros del lado derecho de la carretera, lo que, según el JNE, infringiría la normativa.
Implicancias legales
La alerta del Jurado Nacional de Elecciones abre la puerta a una posible investigación y eventual sanción para el partido liderado por Acuña. Esto, además, se suma a los cuestionamientos por el uso anticipado de propaganda política fuera de los plazos establecidos para las campañas, lo que podría acarrear multas o la orden de retirar la publicidad ilegal.
Hasta el momento, APP no se ha pronunciado oficialmente sobre el informe ni ha respondido a las observaciones del JNE.
Un mensaje para el 2026
La aparición temprana de propaganda con miras al 2026 evidencia cómo las campañas políticas ya comienzan a calentar motores, incluso en contextos donde las normas exigen respetar tiempos y espacios para la difusión de mensajes electorales.
El caso será evaluado por el JNE para determinar las medidas correctivas y, eventualmente, sancionadoras que correspondan.
