La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad dispuso la inmediata libertad del suboficial PNP Gerson Giovanny Benites Bermúdez, investigado por la muerte accidental de un efectivo policial durante una intervención, al no advertirse —hasta el momento— la existencia de una orden de captura o requisitoria vigente en su contra. La decisión fiscal, firmada por la fiscal Karla Mercedes Montoya Fajardo, no pone fin al caso, pero marca un punto de inflexión en una investigación que ahora continuará bajo un nuevo despacho fiscal y con diligencias preliminares en curso.
El pronunciamiento se sustenta en las facultades conferidas por los artículos 11 y 12 del Decreto Legislativo N.º 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, y en el artículo 334 del Código Procesal Penal, normas que regulan la actuación fiscal en casos de flagrancia y la conducción de investigaciones penales. Tras evaluar los actuados iniciales, la Fiscalía concluyó que correspondía ordenar la libertad del investigado, sin perjuicio de que el proceso continúe para esclarecer plenamente los hechos.
La resolución fiscal establece, además, un plazo perentorio para la Policía Nacional. El instructor policial deberá remitir en un máximo de 48 horas el informe policial completo y los actuados a la Fiscalía de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, ubicada en la urbanización Los Granados. La medida incluye un apercibimiento expreso: de incumplirse la remisión, se enviarán copias a la Oficina de Inspectoría de la PNP La Libertad, órgano encargado del control disciplinario interno.
Lejos de archivar el caso, la Fiscalía dispuso continuar con las diligencias preliminares vinculadas a los hechos materia de investigación. Una vez recepcionado el informe policial, el expediente será derivado a la Coordinación de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Esperanza, donde se designará a un fiscal que asumirá la conducción jurídica de las investigaciones. Este despacho será el encargado de dirigir los actos necesarios para determinar responsabilidades penales, administrativas o funcionales, de corresponder.
El caso ha generado atención pública debido a la gravedad del hecho: la muerte de un efectivo policial a manos de un colega, en circunstancias calificadas inicialmente como accidentales. Fuentes vinculadas al proceso señalan que la investigación deberá establecer con precisión el contexto de la intervención, el manejo del arma de fuego, el cumplimiento de los protocolos policiales y la existencia —o no— de negligencia, imprudencia o impericia. Estos elementos serán claves para definir la tipificación penal o, eventualmente, descartar responsabilidad criminal.
Desde el Ministerio Público se remarca que la libertad del investigado no equivale a una exoneración. La decisión responde a criterios legales propios de la etapa preliminar y a la ausencia de presupuestos que justifiquen una detención continua. En paralelo, la actuación fiscal busca garantizar el debido proceso, tanto para el investigado como para la familia del efectivo fallecido, cuyo derecho a la verdad y a la justicia sigue vigente.
La resolución concluye ordenando la notificación conforme a ley a las partes involucradas, cerrando así una fase inicial del caso y abriendo una etapa decisiva de investigación técnica. En un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de la fuerza y los protocolos en intervenciones policiales, este proceso será observado con atención, no solo por sus implicancias penales, sino también por el impacto institucional que puede tener en la Policía Nacional y en la confianza ciudadana.
Mientras tanto, el expediente avanza. La Fiscalía ha dejado claro que el esclarecimiento de los hechos continuará bajo una conducción especializada, con el objetivo de determinar si la muerte fue un lamentable accidente propio del riesgo policial o si existieron responsabilidades que deban ser sancionadas conforme a la ley.
