La reciente sentencia judicial contra exconsejeros regionales de La Libertad ha reavivado el debate sobre la judicialización de la política en la región. Luis Rodríguez Ponce, actual consejero regional por la provincia de Pataz, afirmó que existe una “cacería de políticos” y que las decisiones judiciales estarían teniendo un sesgo político, especialmente contra quienes pertenecen a Alianza para el Progreso (APP).
Rodríguez Ponce es uno de los siete exconsejeros y un consejero en funciones sentenciados por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, que les impuso cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito contra la administración pública, en la modalidad de usurpación de funciones. Además, el fallo incluye un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que podría truncar sus aspiraciones de postular a la alcaldía de Pataz en los próximos comicios.
El caso se remonta al año 2021, cuando —según la Fiscalía— los entonces consejeros Roberto Portilla Lescano, Edgar López Chávez, Teresita Bravo Malca, Edwin Castellanos García, Gonzalo Rodríguez Espejo, Santos Vásquez Ibáñez y Luis Rodríguez Ponce, sin contar con atribuciones legales, desconocieron a una Mesa Directiva legítimamente constituida y, en un “concierto de voluntades”, convocaron a una sesión del Consejo Regional mediante el Oficio N.° 001-2021, notificado a través de correos electrónicos.
Para Rodríguez Ponce, la sentencia tiene un trasfondo político. “Creo que todo esto tiene más un tinte político. Para mí, ahora hay una cacería de políticos y es muy evidente la intencionalidad. Están cerrando nuestras posibilidades de participar en elecciones futuras”, sostuvo. A su juicio, su “gran castigo” ha sido pertenecer a APP, partido al que responsabiliza de la persecución judicial en su contra.
No es la primera vez que el consejero enfrenta una condena. En 2024, el Poder Judicial lo sentenció a tres años de prisión suspendida por el presunto delito de falsedad ideológica en agravio del Estado, relacionado con la obtención de un título de profesor de educación primaria sin haber cursado los estudios correspondientes. Ese proceso se encuentra en apelación y aún no existe un pronunciamiento en segunda instancia.
Otros exconsejeros sentenciados también cuestionaron el fallo. David Calderón de los Ríos calificó la decisión como un “abuso” por parte del Ministerio Público y del juzgado, y aseguró que las acciones del Consejo se realizaron conforme al Reglamento Interno. “Esto es primera instancia y vamos a apelar. Estamos seguros de que todo se aclarará”, afirmó.
El caso abre un nuevo capítulo en la relación entre justicia y política en La Libertad, en un contexto marcado por sentencias que no solo tienen efectos penales, sino también consecuencias directas en el escenario electoral y en la representación política de provincias clave como Pataz.
