El polémico caso “mochasueldo” que involucra a la congresista por La Libertad, Magaly Ruiz Rodríguez (Alianza para el Progreso – APP), sigue avanzando en el Ministerio Público. A pesar de que en mayo pasado la Comisión Permanente del Congreso aprobó archivar la denuncia constitucional en su contra, la Fiscalía decidió mantener abiertas las diligencias preliminares para determinar si Ruiz recortó sueldos a los trabajadores de su despacho.
El Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima citó a declarar como testigo al gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama, quien, según el exasesor Johnny Romero, habría recibido dinero proveniente de estos recortes para financiar actividades proselitistas de APP.
¿Qué dijo el exasesor?
En 2023, Johnny Romero denunció en el programa Punto Final que entregó sobres con dinero al propio Namay en el aeropuerto de Trujillo, dinero que habría provenido del recorte de sueldos de trabajadores del despacho de Ruiz.
“La congresista pedía plata para enviarla a Trujillo para el señor Namay. Yo mismo le di un sobre en el aeropuerto”, relató Romero.
Además, una transferencia de S/ 1,000 en marzo de 2022 desde la cuenta de Camila Mantilla Heredia, ex pareja del hijo de Ruiz, también figura en las pesquisas como un pago dirigido a Namay.
El gerente regional, sin embargo, ha negado reiteradamente estas acusaciones: “Desmiento rotundamente haber recibido dinero para financiar alguna campaña electoral. Parece que Romero quiere desviar la atención”, afirmó en 2023.
Otros citados y contexto
Además de Namay, la Fiscalía también citó al hijo de la congresista, Jeffrey Marrufo Ruiz, y a Carlos Marina Puscan, uno de los extrabajadores afectados, para declarar en las próximas semanas.
Marina afirmó que Namay también debería ser investigado como posible implicado y no solo como testigo. Según él, la permanencia de Ruiz en el Congreso sería “protegida” por la bancada de APP para asegurar un voto más en el Parlamento.
En paralelo, Ruiz sigue negando las acusaciones mientras sus exasesores y denunciantes sostienen que la red de recortes de sueldo estaba diseñada para desviar fondos hacia campañas políticas.
