El exviceministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, reveló que la minería ilegal en la región de La Libertad, actividad ilícita que se desarrolla hace años, principalmente en las provincias de Pataz, Sánchez Carrión y Otuzco, mueve una cifra astronómica de alrededor de 3,000 millones de dólares al año, convirtiéndola en un negocio altamente rentable para quienes se aventuran en este sector ilegal.
«Principalmente por el peso que tiene una onza de oro, que más o menos son en el mercado US$2,000, que es definitivamente un negocio altamente rentable, y es por eso que estas bandas criminales ven en ello un mejor medio de conseguir dinero a costa de la vida de otros», explicó Shinno.
Esta alta rentabilidad del oro es uno de los principales motivos por los cuales muchos mineros optan por ingresar al sector ilegal, buscando obtener ganancias considerables sin cumplir con las normativas y regulaciones del Estado.
Uno de los aspectos más preocupantes que resaltó Shinno es el impacto ambiental devastador que provoca la minería ilegal. «El medioambiente se depreda totalmente porque se trabaja sin ningún cuidado o protección de la fauna y la flora que puede existir en la zona», afirmó. Además, esta actividad ilegal está relacionada con otros delitos como la trata de personas y el trabajo infantil, generando una serie de problemas sociales y económicos en la región.
Sin embargo, a pesar de los riesgos y consecuencias negativas, la formalización de los mineros ilegales ha sido un desafío considerable. «El minero ilegal siempre va a hacerse pasar por un informal, pero en el fondo no va a querer formalizar porque al no pagar tributos su negocio es muchísimo más rentable», señaló Shinno. La burocracia estatal y las dificultades para acceder a los requisitos necesarios para la formalización son algunos de los obstáculos que enfrentan estos mineros.
Shinno enfatizó que los gobiernos regionales tienen la responsabilidad de regular, fiscalizar y formalizar estas actividades, pero muchas veces carecen de los recursos necesarios para llevar a cabo estas tareas de manera efectiva. La falta de presencia y acción por parte de las autoridades regionales también contribuye a perpetuar la minería ilegal en la región.
