La minería ilegal vuelve a generar preocupación en la provincia de Sánchez Carrión. Reportes policiales y denuncias de pobladores advierten sobre la reapertura de socavones clandestinos y la presencia de presuntas organizaciones dedicadas a esta actividad en distintos caseríos del distrito de Huamachuco, situación que estaría ocasionando daños ambientales y afectando la seguridad de la población.
De acuerdo con la información recopilada, recientes labores de monitoreo policial detectaron indicios de un rebrote de la minería ilegal en zonas donde anteriormente se realizaron operativos de interdicción para erradicar estas actividades.
Uno de los puntos identificados es el caserío de Shiracmaca, donde se habrían detectado cinco socavones ilegales, además de 17 pozas activas utilizadas presuntamente para el procesamiento del mineral.
En el caserío de Coigobamba, los reportes también alertan sobre actividades sospechosas. Durante el monitoreo se observaron estructuras de madera, techados con calamina y otros elementos que podrían corresponder a accesos hacia labores mineras subterráneas.
Las denuncias señalan que estas actividades estarían provocando la contaminación de las lagunas ubicadas en la reserva natural de Huaylillas, así como de diversos canales de regadío que abastecen a comunidades agrícolas de la provincia.
Rondas campesinas participaron en operativo
Representantes de las rondas campesinas participaron como veedores durante un reciente operativo de interdicción contra la minería ilegal y verificaron la destrucción de pozas que, según indicaron, contenían cianuro y representaban un riesgo para las fuentes de agua utilizadas por las poblaciones cercanas.
Los dirigentes ronderos anunciaron que desarrollarán campañas de sensibilización en los caseríos de Shiracmaca y Coigobamba, con el objetivo de promover que los pobladores denuncien oportunamente la reactivación de actividades mineras ilegales y evitar su expansión.
La reaparición de estas labores ilegales vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta la provincia de Sánchez Carrión en la lucha contra la minería ilegal, una actividad que, además del impacto ambiental, suele estar asociada a conflictos sociales, economías ilícitas y problemas de seguridad.
