El Ministerio Público expresó su rechazo a la Ley 32108, recientemente promulgada por el Congreso de la República, la cual modifica el Código Penal y otras normativas relacionadas con el crimen organizado. Tras una sesión extraordinaria, la Junta de Fiscales Supremos decidió interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la mencionada ley.
El Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en representación del Ministerio Público, informó que la demanda será presentada conforme al artículo 203 de la Constitución. Según el comunicado emitido por la institución, la ley contradice la Convención de Palermo, que fue ratificada por Perú y que establece normas internacionales para combatir el crimen organizado transnacional.
Entre las principales críticas a la nueva ley, el Ministerio Público señaló que los requisitos establecidos en la normativa, tales como una “estructura desarrollada y mayor capacidad operativa” y la exigencia de que los delitos sean graves y castigados con más de seis años de prisión, podrían limitar la efectividad de la persecución penal. Además, se advirtió que estos cambios debilitarían las investigaciones penales en curso y los casos ya sentenciados, poniendo en riesgo la lucha contra el crimen organizado en el país.
La Junta de Fiscales Supremos también rechazó la idea de que las organizaciones criminales deban tener un carácter empresarial, recordando que en el contexto peruano, estas están íntimamente ligadas a la corrupción y la violencia, y no necesariamente operan bajo esquemas empresariales tradicionales.
