La Contraloría General de la República ha concluido que la obra de mejora e infraestructura en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) resultó en un perjuicio económico de S/ 2.1 millones para la institución. La obra, que comenzó con el objetivo de complementar la infraestructura de la facultad, presenta serios problemas que datan desde su ejecución en 2013, y se ha encontrado que lo edificado hasta octubre de 2014 debe ser demolido. Esto se debe a que el proyecto fue dejado en abandono durante más de diez años, y dos informes técnicos sugieren que la estructura ya no es viable.
El Informe de Control Específico N.° 033-2024-2-0222-SCE revela que se otorgaron conformidades y se tramitaron pagos por valorizaciones, a pesar de que se identificaron incumplimientos contractuales graves tanto del contratista como del supervisor de la obra. Uno de los problemas más notorios fue la falta de informes de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados, necesarios para la tramitación de los pagos. Además, se comprobó que tres de los siete profesionales del contratista no participaron en la obra, y varios pagos fueron realizados a pesar de que no se había ejecutado la obra en las fechas acordadas o se había ejecutado de manera incorrecta.
Según los documentos encontrados, las valorizaciones presentadas por el contratista no estaban completas, ya que no contaban con los certificados de control de calidad de los materiales y trabajos, documentos indispensables para los pagos. Incluso se descubrió que se tramitaron pagos por trabajos no realizados o mal ejecutados, como las instalaciones sanitarias que no cumplían con los planos ni con el expediente técnico.
En cuanto al avance real de la obra, a octubre de 2014, se había ejecutado apenas un 35.89%, cuando el avance programado era del 100%. En el mes de octubre, los trabajos se paralizaron por una causa injustificada atribuible al contratista, lo que llevó a la resolución del contrato. La disputa fue resuelta mediante arbitraje, el cual terminó en agosto de 2018, con las pretensiones del contratista declaradas infundadas e improcedentes.
El informe también señala la presunta responsabilidad penal de tres exfuncionarios de la UNT durante el periodo 2013-2015, así como de tres integrantes del consorcio ejecutor de la obra. Por esta razón, el caso fue derivado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para las acciones penales correspondientes.
Cabe mencionar que, según el diagnóstico estructural realizado por un consultor en 2022 y el informe de la Escuela de Ingeniería Civil de la UNT en 2023, se recomienda la demolición de toda la estructura construida hasta octubre de 2014. Este proyecto contemplaba la construcción de 13 aulas, ambientes administrativos, un auditorio, servicios higiénicos y otros trabajos complementarios, con un presupuesto superior a los S/ 5.2 millones.
Este informe, que deja al descubierto serios incumplimientos en la ejecución de la obra y la responsabilidad de diversos actores, está disponible en el portal de la Contraloría, y se encuentra a disposición del público para su consulta.
