Una ola de indignación recorre las calles y los campos de la provincia de Otuzco. La mañana del 3 de mayo, decenas de ciudadanos y miembros de las rondas campesinas se movilizaron enérgicamente contra el alcalde provincial, Julio Mantilla Aguilera, a quien acusan de pretender concesionar el servicio de agua potable a la empresa Sedalib, una firma cuya reputación ha sido manchada por denuncias de corrupción y cuestionamientos sobre su gestión en otras provincias de la región.
Los pobladores llevaron un burro para sacarlo a la fuerza al alcalde del municipio.Actualmente, el servicio de agua es administrado por la Municipalidad Provincial de Otuzco, y los usuarios no pagan directamente por el recurso hídrico, al menos en su modalidad más básica y rural. Sin embargo, el anuncio del alcalde de entregar la operación y el mantenimiento del sistema a Sedalib ha encendido las alarmas en toda la comunidad.
Los manifestantes temen un impacto económico inmediato, no solo en las tarifas del agua, sino también en el alza de precios en alquileres, alimentos, servicios básicos y en la vida cotidiana de los sectores más vulnerables, tanto en el centro urbano como en las zonas rurales.
“Con esta concesión vamos a tener que pagar por el agua. ¿Y qué pasará con los campesinos? ¿Con las cocinas económicas? ¿Con los que alquilan cuartos por necesidad?”, cuestionó una vecina durante la movilización, que recorrió las principales arterias de la ciudad con pancartas, megáfonos y arengas exigiendo que se detenga el proceso.
La protesta incluyó un gesto simbólico que refleja el nivel de enojo popular: la amenaza de sacar al alcalde “en burro” si insiste con la medida sin consultar al pueblo. La frase no fue solo una expresión folclórica, sino una advertencia política seria: los ciudadanos no tolerarán decisiones inconsultas que afecten derechos básicos como el acceso al agua.
Sedalib, empresa encargada del saneamiento en la ciudad de Trujillo y otras localidades de la costa liberteña, ha sido blanco de múltiples denuncias por presunta corrupción, deficiencias en la atención al usuario y sobrecostos en sus tarifas. Su posible llegada a Otuzco, bajo la figura de una concesión, ha sido vista por muchos como una imposición ajena a las necesidades del territorio.
“Estamos en desacuerdo porque no ha habido información clara. No se ha hecho una consulta pública, no se ha explicado en qué términos será la concesión ni cómo se controlarán los precios o la calidad del servicio”, expresó un representante de las rondas campesinas, organización que ha tenido un papel activo en la defensa del agua como bien común.
El alcalde Julio Mantilla aún no ha ofrecido declaraciones públicas tras la movilización. Sin embargo, desde su entorno se ha deslizado la versión de que la propuesta buscaría “mejorar el sistema de distribución y asegurar la sostenibilidad del servicio”. No obstante, la falta de transparencia y el escaso diálogo con las bases comunales han erosionado profundamente la confianza ciudadana.
Otuzco vive así una tensión creciente. A la espera de una respuesta oficial y concreta, la población ha dejado claro que no permitirá que se mercantilice el agua sin su consentimiento. Las rondas han advertido que, de no retroceder el alcalde en su propuesta, podrían convocarse nuevas protestas e incluso una paralización provincial.
“Esta no es una lucha política. Es una lucha por la vida, por el agua que nos pertenece a todos”, sentenció un agricultor durante la protesta.
