El hallazgo de los cuerpos sin vida de trece trabajadores de seguridad en la provincia de Pataz ha estremecido a todo el país y ha desnudado una vez más la profunda crisis de seguridad y gobernabilidad que atraviesan las zonas dominadas por la minería ilegal y las bandas criminales. Mientras el Ministerio del Interior anunciaba el despliegue de fuerzas especiales para capturar a los responsables, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, denunció públicamente que la unidad de élite DINOES de la Policía Nacional no estuvo presente en la zona del ataque, contradiciendo directamente la versión oficial.
A través de un pronunciamiento emitido el 4 de mayo, el Ministerio del Interior informó que ha dispuesto el despliegue inmediato del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, así como de las divisiones especializadas de Investigación de Secuestros, Extorsiones y Homicidios de la Dirincri–PNP. La acción se enmarca en la búsqueda y captura de los autores del secuestro y asesinato de trece personas, halladas sin vida en la zona minera de Pataz.
“¡Estas muertes no quedarán impunes!”, advierte el documento, en el que además se expresa el “profundo pesar” del Gobierno por las irreparables pérdidas humanas y se reafirma el compromiso de erradicar esta “lacra criminal”.
Sin embargo, apenas unas horas después del pronunciamiento, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, rompió en llanto en una entrevista en vivo con Latina Noticias. Visiblemente afectado, confirmó el asesinato de los 13 trabajadores y rechazó categóricamente la versión de que efectivos de la DINOES estuvieran en la zona al momento del ataque.
“Ayer no hubo DINOES, falso, mentira. Ayer han estado solo efectivos de la Comisaría de Tayabamba, que no son más de 10, y el pueblo organizado, las rondas campesinas. Tenemos que saludar la valentía de la Policía, no de la DINOES”, afirmó.
El burgomaestre no solo desmintió al Ministerio del Interior, sino que también denunció la inacción sistemática del Estado frente al crecimiento del crimen organizado, particularmente en el entorno de la minería ilegal. En sus palabras, esta tragedia tiene un responsable directo: el abandono del Estado.
“Prefiero que me asesinen antes que ser cómplice de esta porquería”, dijo, visiblemente quebrado. La empresa minera Poderosa, para la cual laboraban los trece trabajadores asesinados, también se pronunció con dureza. En un comunicado oficial, la compañía denunció que la presencia del Estado ha sido nula frente a sus reiteradas alertas sobre el accionar de bandas criminales que operan desde bocaminas ilegales perfectamente ubicadas y georreferenciadas.
“No se hará nada si el Gobierno Central sigue ignorando nuestros pedidos y la Policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales”, advirtió la minera.
Estas bocaminas, según la empresa, son utilizadas como guarida por los grupos delincuenciales que extorsionan, asesinan y controlan el territorio con total impunidad.
El drama en Pataz ha reactivado el debate sobre la capacidad del Estado para ejercer control en zonas donde el crimen organizado se ha incrustado no solo en la economía local, sino también en la política y la seguridad. La falta de presencia efectiva del Estado ha llevado a que comunidades enteras recurran a la autodefensa, como las rondas campesinas, quienes hoy representan la primera línea de resistencia frente a las mafias.
La reunión urgente solicitada por el alcalde con la presidenta Dina Boluarte —programada para este lunes 5 de mayo— será crucial para definir si esta masacre se convertirá en el punto de quiebre que obligue al Gobierno a actuar con contundencia.
