La tragedia volvió a golpear con crudeza a la región La Libertad. Trece personas fueron secuestradas y posteriormente halladas sin vida en la provincia de Pataz, un hecho que ha conmocionado a la opinión pública y encendido las alertas del Gobierno central.
En respuesta, el Ministerio del Interior (MININTER) emitió un contundente comunicado este sábado, en el que anuncia el despliegue inmediato de fuerzas especiales para ubicar y capturar a los responsables de este acto que ha sido calificado como “execrable”.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, el Gobierno ha dispuesto el envío urgente de equipos de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, así como de las divisiones especializadas de Investigación de Secuestros y Extorsiones, y de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Estos efectivos, con preparación táctica y armamento especializado, tienen la misión de identificar, localizar y detener a los autores intelectuales y materiales de los homicidios.
El comunicado también señala que existe una estrecha coordinación con las Fuerzas Armadas, lo que revela la gravedad del caso y la necesidad de una intervención integral del Estado en zonas donde operan mafias ligadas a la minería ilegal y el crimen organizado.
“Estas muertes no quedarán impunes”
En un tono enérgico y empático, el Ministerio del Interior expresó su “más profundo pesar por estas irreparables pérdidas”, solidarizándose con las familias de las víctimas. La institución reafirmó su compromiso inquebrantable con la lucha contra la criminalidad organizada y dejó en claro que no habrá espacio para la impunidad.
“Nuestros agentes de élite están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan, en estricto cumplimiento del marco legal vigente”, se lee en el comunicado, dejando entrever que las operaciones para la captura de los responsables podrían incluir enfrentamientos armados si fuera necesario.
La provincia de Pataz, enclavada en la sierra de La Libertad, ha sido durante los últimos años escenario de crecientes disputas entre bandas de crimen organizado vinculadas a la minería informal, la extorsión y el tráfico ilegal de recursos. A pesar de los múltiples operativos policiales y militares, la violencia persiste, cobrando la vida de decenas de peruanos, la mayoría de ellos trabajadores, dirigentes comunales o empleados de seguridad de empresas del sector extractivo.
Este nuevo episodio revive la urgencia de una intervención sostenida del Estado en la zona, no solo en términos de seguridad, sino también de desarrollo económico, control territorial y justicia social.
La promesa de justicia
“¡Estas muertes no quedarán impunes!”, concluye el comunicado del Ministerio del Interior, que lleva la fecha del 4 de mayo de 2025 y fue difundido en los canales oficiales del gobierno.
Las familias de las víctimas, las comunidades afectadas y el país entero esperan ahora que las promesas se conviertan en acciones y que los responsables de este horrendo crimen respondan ante la justicia con el máximo rigor de la ley.
