La tragedia en Pataz que culminó con el hallazgo de los cuerpos sin vida de 13 agentes de seguridad secuestrados y ejecutados por mafias mineras ha puesto bajo los reflectores a minera Poderosa, que en un reciente pronunciamiento público ha intentado deslindar responsabilidad, señalando que los fallecidos trabajaban para un minero artesanal con contrato vigente de explotación en su concesión.
El comunicado oficial de la empresa afirma que los trabajadores no eran empleados directos de Poderosa, sino de un operador minero formal en proceso de regularización con el que mantenían un acuerdo de venta de mineral. Según su versión, los ataques ocurrieron cuando grupos armados ilegales —vinculados a redes criminales— irrumpieron en la operación para tomar el control del yacimiento.
Tercerización del riesgo
La revelación de que el personal asesinado no pertenecía directamente a la nómina de Poderosa, sino a una empresa intermediaria, deja abierta una serie de interrogantes sobre la gestión de seguridad en las zonas de extracción:
¿Quién garantiza la vida de los trabajadores en estos contratos de explotación compartida?, ¿qué supervisión tienen estas operaciones si las mafias pueden ingresar, secuestrar y asesinar sin ser detenidas?
En una región declarada en estado de emergencia, con la presencia de más de 800 agentes policiales, resulta alarmante que el crimen haya ocurrido sin que se evite, detecte o castigue a los responsables. La propia empresa cuestionó, sin rodeos, que los recientes operativos de la PNP no hayan contemplado la interdicción de bocaminas ilegales —precisamente donde se registró el enfrentamiento.
Las zonas tomadas
Según la minera, desde el año 2020 varias de sus concesiones han sido ocupadas por operadores ilegales armados, obligándolos a suspender operaciones y poniendo en riesgo a sus trabajadores y aliados mineros formales. Este fenómeno, que ha proliferado en el corredor aurífero de Pataz, refleja la debilidad estructural del Estado para controlar sus recursos naturales.
El rostro más visible de esa ausencia estatal ha sido la violencia. Esta vez, 13 hombres perdieron la vida sin que ninguna autoridad pudiera evitarlo. La versión que inicialmente hablaba de un secuestro con fines extorsivos fue perdiendo peso, mientras se consolidaba el horror de una ejecución masiva en el interior de un socavón.
El silencio que mata
Lo que más ha indignado a las familias es la falta de respuestas claras. Desde el 25 de abril, cuando desaparecieron los agentes de seguridad, los parientes pidieron apoyo logístico, presencia policial y comunicación transparente. En lugar de eso, recibieron hermetismo, fragmentación informativa y declaraciones cruzadas entre empresa y autoridades.
Poderosa afirma haber ofrecido «todas las facilidades» para las investigaciones, pero delegar la responsabilidad a un minero artesanal deja un vacío difícil de llenar: la empresa es titular de la concesión, la que contrata, la que lucra. ¿No es también quien debe responder?, ¿y ahora quién responde?
