Una nueva tragedia sacude la sierra liberteña. Esta madrugada, la Policía Nacional del Perú confirmó el hallazgo de los cadáveres de trece trabajadores secuestrados el pasado 26 de abril en el distrito de Pataz. Las víctimas fueron encontradas en un socavón, brutalmente asesinadas por bandas criminales asociadas a la minería ilegal. La minera Poderosa, que mantiene un contrato de explotación con un minero artesanal en proceso de formalización, lamentó profundamente la pérdida de sus colaboradores y pidió al Estado una reacción urgente, a través de un comunicado.
«Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, compartiendo su dolor y pesar por tan terrible pérdida», señaló la empresa en su comunicado oficial.
Un territorio fuera de control
Con este nuevo crimen, suman ya 39 los trabajadores y mineros artesanales asesinados en la zona de Pataz en lo que va del año. La empresa denuncia que el territorio se ha convertido en una zona sin ley, dominada por bandas armadas que imponen el terror, siembran violencia y doblegan voluntades sin encontrar mayor resistencia de las autoridades.
El comunicado también alerta sobre otra incursión armada ocurrida el mismo día en la localidad de Alacoto, donde delincuentes habrían ingresado a instalaciones de una planta minera durante una operación formal, exponiendo nuevamente la debilidad de las medidas de seguridad en la región.
Emergencia con violencia
A pesar de la declaratoria de estado de emergencia y de la presencia de contingentes policiales, la espiral de violencia en Pataz no se ha detenido. Las organizaciones criminales continúan operando impunemente desde bocaminas ilegales, muchas de ellas plenamente identificadas y georreferenciadas por las propias empresas, sin que las fuerzas del orden logren intervenirlas.
Poderosa denuncia que sus pedidos de intervención han sido ignorados: «La policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales», señala el pronunciamiento.
Un llamado al gobierno
La empresa hace un llamado urgente al gobierno para replantear su estrategia de lucha contra el crimen organizado en la zona. Propone reforzar la labor de inteligencia, así como articular acciones con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero también apunta responsabilidades más directas.
La Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas es señalada como una entidad que, pese a los reiterados requerimientos, no ha respondido a las solicitudes de exclusión presentadas por la empresa para retirar a operadores informales de su área de explotación.
Impunidad y ausencia estatal
Lo ocurrido en Pataz es más que una tragedia: es la evidencia de una crisis estructural de seguridad, de gobernabilidad y de control territorial. Mientras la minería ilegal se consolida como una industria paralela, armada y violenta, las víctimas siguen acumulándose en el silencio de las alturas andinas.
Las familias lloran hoy a 13 nuevas víctimas. Pero el país debe preguntarse: ¿cuántas muertes más se necesitan para que el Estado reaccione?
