La tragedia que estremecía silenciosamente a la región La Libertad desde hace más de una semana ha llegado a su doloroso desenlace: los 13 trabajadores de seguridad de la empresa R&R —contratista de la minera Poderosa— fueron hallados sin vida en el interior de un socavón ubicado en el distrito de Pataz. No fue un secuestro. Fue una ejecución.
El crimen, atribuido preliminarmente a la mafia minera liderada por un sujeto conocido como Cuchillo, ha expuesto con brutal claridad el colapso del Estado en las zonas dominadas por la minería ilegal. El hallazgo de los cuerpos marca un nuevo episodio sangriento en una región donde el oro se extrae a costa de vidas humanas.
El inicio del horror
Todo comenzó la madrugada del 25 de abril de 2025, cuando los 13 vigilantes fueron interceptados mientras cumplían labores de seguridad en concesiones mineras formales cedidas a pequeños mineros artesanales dentro del ámbito de la Minera Poderosa. Desde entonces, las familias de los desaparecidos exigían respuestas que nunca llegaron a tiempo.
Pese a la movilización de 80 agentes especializados de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), anunciada por el general Guillermo Llerena Portal el 1 de mayo, el rescate nunca ocurrió. Los trabajadores ya habían sido asesinados, sus cuerpos escondidos en uno de los cientos de socavones controlados por mafias armadas.
Impunidad con nombre propio
Las autoridades apuntan a un rostro conocido: Cuchillo, alias del presunto cabecilla criminal que ya en 2023 fue vinculado con la masacre de otros nueve trabajadores en la misma zona, pero que logró quedar libre. La pregunta inevitable es cómo un individuo con semejante historial pudo continuar operando impunemente.
El silencio y la inacción institucional han sido cómplices. Las autoridades regionales, como el gobernador César Acuña, no han tomado medidas estructurales para enfrentar la penetración del crimen organizado en las alturas de Pataz, mientras que el Gobierno central sigue apostando por reacciones tardías y retóricas vacías.
La tragedia del abandono
Los 13 hombres asesinados no eran policías ni militares. Eran trabajadores humildes, muchos de ellos padres de familia, enviados a cumplir una labor sin garantías, sin protección real, sin respaldo estatal. Los territorios en los que murieron se han convertido en enclaves criminales, donde cada veta de oro es controlada por una organización armada y las reglas las impone el más violento.
El hallazgo de los cuerpos no cierra el caso: lo abre. Exige respuestas. ¿Quién los mató? ¿Quién permitió que se pierdan once días antes de ser encontrados? ¿Qué empresas, autoridades, o funcionarios sabían lo que ocurría en Pataz y callaron?
