La violencia vuelve a sacudir con fuerza a la provincia de Pataz, en la región La Libertad. El Ministerio Público confirmó el inicio de una investigación preliminar por el homicidio de tres personas, cuyos cuerpos fueron hallados con impactos de bala en el interior de la bocamina conocida como “Papagayo”, ubicada en el sector Morena.
A través de un pronunciamiento oficial difundido en redes sociales, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz informó que el fiscal provincial Limber Pascual Mallqui Acosta dispuso de inmediato el levantamiento de los cadáveres y su traslado a la División Médico Legal II de Trujillo, con el objetivo de practicar las necropsias de ley y establecer con precisión las causas de la muerte.
Las primeras diligencias fiscales revelan la crudeza del ataque. En la escena del crimen se hallaron once casquillos de bala, cuya pericia balística fue encargada al personal especializado del Departamento de Investigación Criminal de Huamachuco. Paralelamente, la Fiscalía ordenó la toma de declaraciones al personal de seguridad privada que opera en la zona minera, así como a los efectivos policiales que intervinieron tras el hallazgo de los cuerpos. También se dispuso la inspección técnico-policial del socavón y la verificación de eventuales cámaras de videovigilancia, en un intento por reconstruir la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades penales.
Versiones que alarman: desaparecidos y cifras en disputa
Mientras la investigación fiscal avanza, la información que emerge desde el propio territorio eleva la preocupación. El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, advirtió públicamente que, además de las tres personas asesinadas, habría al menos siete personas desaparecidas tras una violenta incursión criminal registrada la noche del último miércoles.
Según relató, reportes preliminares de ciudadanos y medios locales incluso hablan de un escenario más grave, con cifras que llegarían hasta trece personas asesinadas y dos desaparecidas, lo que configuraría una de las masacres más cruentas registradas en la zona en los últimos años. Aunque estas versiones aún no han sido confirmadas oficialmente, reflejan el clima de temor e incertidumbre que se vive en esta provincia minera.
Estado de emergencia sin resultados
El caso ha reavivado las críticas al estado de emergencia y al toque de queda que rigen en Pataz desde hace varios meses. Para el alcalde Mariños, las medidas adoptadas por el Ejecutivo no han logrado frenar la violencia ni el avance del crimen organizado vinculado a la minería ilegal.
En declaraciones públicas, cuestionó duramente la ausencia de resultados concretos y exigió un pronunciamiento directo del presidente José Jerí, así como decisiones firmes que permitan recuperar el control territorial. “De qué sirve el estado de emergencia si todos los días siguen asesinando a la gente”, reclamó, al advertir que la población vive atrapada entre el miedo y la indiferencia estatal.
Un territorio en disputa
La provincia de Pataz se ha convertido en uno de los principales focos de violencia armada en el norte del país, donde bandas criminales disputan el control de socavones, rutas y economías ilegales. El hallazgo de cuerpos acribillados dentro de una bocamina no solo evidencia la brutalidad de estos enfrentamientos, sino también las limitaciones del Estado para imponer orden en zonas dominadas por intereses ilegales.
Mientras la Fiscalía continúa con las diligencias urgentes, la población espera que las investigaciones no queden, una vez más, atrapadas entre comunicados y promesas. En Pataz, la pregunta que se repite no es solo quiénes dispararon, sino hasta cuándo la violencia seguirá marcando la vida —y la muerte— en esta provincia.
