Los operativos contra la minería ilegal en la provincia de Pataz vuelven a generar controversia. Pobladores y trabajadores vinculados a la actividad minera solicitaron que el Ministerio Público inicie una investigación independiente para esclarecer presuntas irregularidades en las intervenciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas y determinar si algunas operaciones fueron objeto de un tratamiento desigual.
Según los denunciantes, durante las acciones desarrolladas en la provincia existirían cuestionamientos respecto a la selección de las operaciones intervenidas. Aseguran que algunas labores que cuentan con contratos formales habrían sido objeto de operativos, mientras que otras actividades no habrían recibido el mismo nivel de fiscalización, situación que consideran debe ser esclarecida por las autoridades competentes.
Como antecedente, recordaron el operativo realizado el pasado 1 de mayo en la denominada Mina Ventura, donde las fuerzas del orden detuvieron a siete personas e incautaron armas de fuego, miles de detonadores y municiones, en el marco de las acciones desplegadas para combatir la minería ilegal en la zona.
Los denunciantes también hicieron referencia a un oficio emitido el 23 de junio por el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), en el que se advierte sobre la falta de personal especializado del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO). De acuerdo con ese documento, esta limitación obliga a planificar cuidadosamente las intervenciones para garantizar su eficacia y seguridad.
Asimismo, solicitaron que el Ministerio Público investigue los presuntos actos de favorecimiento que, según afirman, podrían haberse producido durante algunos operativos. También pidieron identificar el origen de publicaciones difundidas en redes sociales que, a su juicio, habrían afectado la imagen de operaciones mineras que mantienen contratos formales.
En ese contexto, la empresa R&R informó que ha presentado cerca de veinte denuncias ante la Policía Nacional y el Ministerio Público por presuntas actividades ilícitas detectadas en la provincia. La compañía sostuvo que las investigaciones deben desarrollarse con objetividad, imparcialidad e igualdad de criterios para todas las operaciones mineras que funcionan en Pataz, independientemente de su condición.
La provincia de Pataz permanece bajo permanente atención de las autoridades debido al incremento de la violencia vinculada a la minería ilegal, actividad que en los últimos años ha derivado en atentados, enfrentamientos armados, secuestros y homicidios, obligando al Estado a reforzar la presencia militar y policial en la zona.
Mientras continúan las acciones para enfrentar a las organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de oro, los cuestionamientos planteados por pobladores y trabajadores abren un nuevo debate sobre la necesidad de que los operativos se desarrollen bajo criterios de transparencia, legalidad y respeto al debido proceso.
