El penal El Milagro de Trujillo se ha convertido en uno de los símbolos más críticos del colapso del sistema penitenciario peruano. Construido para albergar a 1,518 internos, el Establecimiento Penitenciario de Varones Trujillo cerró el 2025 con 6,029 reclusos, lo que representa una sobrepoblación de 297%, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia. El nivel de hacinamiento es tal que, en términos prácticos, el penal ya no tiene capacidad para recibir a un solo sentenciado más sin agravar una situación considerada por especialistas como “insostenible”.
Este escenario se da en un contexto de reforma institucional. El gobierno del presidente José Jerí dispuso la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, entidad que asumirá la administración de los penales del país tras la desaparición del Inpe. La nueva superintendencia tendrá el reto inmediato de reducir el hacinamiento, reforzar los controles internos y frenar la salida de delitos desde los centros de reclusión, una práctica que, según la Policía, continúa ocurriendo desde El Milagro.
Las estadísticas muestran que el problema no es reciente. En los últimos ocho años, la población penal de este reclusorio se incrementó en 826 personas. De acuerdo con el Análisis Estadístico Penitenciario del Coresec La Libertad, en 2018 el penal albergaba a 5,203 internos; en 2019, la cifra subió a 5,451; en 2020 se registró una leve reducción a 5,071, pero desde entonces la curva volvió a ascender de manera sostenida: 5,185 internos en 2021, 5,364 en 2022, 5,513 en 2023 y 5,852 en 2024, hasta llegar al pico de 6,029 presos en 2025.
El hacinamiento y la debilidad de los controles han convertido al penal El Milagro en una verdadera bomba de tiempo. La Policía Nacional ha confirmado que desde este establecimiento se siguen coordinando extorsiones y otros delitos que golpean a distintas provincias de La Libertad. Una muestra reciente de esta dinámica criminal se registró el 31 de enero, cuando agentes capturaron a cinco integrantes de la banda “Los Malditos del Valle”, responsables de un atentado en Pacasmayo que, según las investigaciones, fue ordenado por su cabecilla alias “Juanacho”, quien se encuentra recluido en el penal trujillano.
Para el coronel en retiro Roger Torres, exjefe policial en La Libertad, el problema va más allá del cambio de nombre de la entidad administradora. A su juicio, la crisis penitenciaria está marcada por la falta de tecnología adecuada y, sobre todo, por la corrupción interna. Torres advierte que mientras no se erradique la colusión de malos elementos dentro del sistema, las cárceles seguirán siendo centros de operaciones del crimen organizado. Señala que los internos continúan usando teléfonos celulares pese a las normas vigentes y que el bloqueo de señales y la identificación de llamadas, medidas ampliamente anunciadas, no se cumplen de manera efectiva.
La situación en los penales de mujeres de la región tampoco es ajena al problema. El Establecimiento Penitenciario de Mujeres Trujillo, diseñado para recibir a 296 internas, cerró el 2025 con 455 reclusas, lo que representa una sobrepoblación cercana al 88%. A ello se suma el penal de mujeres de San Pedro de Lloc, en la provincia de Pacasmayo, que alberga a 98 internas pese a tener capacidad solo para 72, alcanzando un exceso del 36%.
La administración de estos reclusorios también pasará a manos de la Sunir, que deberá enfrentar una realidad marcada por infraestructura insuficiente, hacinamiento crónico y graves fallas de control. Mientras no se adopten medidas estructurales que incluyan inversión en tecnología, lucha frontal contra la corrupción y una política penitenciaria integral, los penales de La Libertad seguirán siendo un factor que alimenta la inseguridad ciudadana en las calles, en lugar de contribuir a la resocialización de los internos.
