Un documento legislativo ha desatado una ola de críticas y burlas en redes sociales luego de que se revelara que un proyecto de ley impulsado por congresistas de Alianza para el Progreso (APP) contiene un grave error en su redacción.
En lugar de indicar que busca garantizar la seguridad ciudadana, el texto señala que su objetivo es «garantizar la INSEGURIDAD ciudadana», lo que ha generado indignación y suspicacias entre la población.
El proyecto, que cuenta con la firma de congresistas como María Acuña, Heidinger, Alejandro Soto, García y Magaly Ruiz, se presentó como una propuesta orientada a fortalecer las políticas de seguridad en el país. Sin embargo, el error en su formulación ha llevado a que muchos cuestionen no solo el descuido en su redacción, sino también el verdadero compromiso de la bancada con el combate a la delincuencia, un problema que afecta gravemente a diversas regiones del país, incluida La Libertad.
El «lapsus» ha sido ampliamente comentado en redes sociales, donde los ciudadanos no tardaron en ironizar sobre el aparente desliz. «Al menos son sinceros», comentaron algunos, mientras que otros lo vieron como una muestra del poco interés real que tendría la clase política en solucionar la crisis de inseguridad que vive el país.
Desde el Congreso, los involucrados han minimizado el incidente, asegurando que se trata de un simple error de redacción, pero esto no ha evitado que el documento se viralice y sirva como blanco de cuestionamientos sobre la calidad y seriedad del trabajo legislativo.
Por su parte, especialistas en seguridad y analistas políticos han señalado que más allá del error, lo preocupante es que el Congreso sigue sin presentar iniciativas efectivas para enfrentar el crimen organizado, la extorsión y los homicidios que azotan al país. En ese sentido, remarcan que se necesita menos «copy-paste» legislativo y más proyectos con un enfoque técnico y realista para abordar la crisis de seguridad que vive el Perú.
contexto donde la delincuencia en regiones como La Libertad ha alcanzado niveles alarmantes. Tan solo en 2024, la región registró 4,517 casos de extorsión y 169 homicidios con armas de fuego, ubicándose como la segunda zona más peligrosa del país.
