El presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Eliseo Giammpol Taboada Pilco, podría terminar sentando en el banquillo de los acusados por supuestamente haber adelanto opinión sobre un caso que aún está judicializado, contra cuyos imputados aún recae la presunción de inocencia.  

Los agraviados son los suboficiales PNP Dino Horacio Ponce Pardo y Luis Miguel Quispe Cáceres, quienes han cursado una carta notaria a la autoridad judicial para que se rectifique en sus expresiones, caso contrario procederán a demandarlo por el delito de difamación.

YA LOS CONDENÓ

Taboada Pilco adelantó opinión, según los denunciantes, en el Congreso Internacional de Flagrancia organizado por el Poder Judicial e inaugurado el 30 de junio de este año en Trujillo. En dicho evento, según la carta notarial, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad se refirió al proceso denominado “Caso Azul”, donde ambos están involucrados, donde la autoridad expresó lo siguiente:

«Azul Rojas Marín es una persona LGTBI. Fue detenida por un aparente control de identidad, basado en estereotipos, basado en un elemento discriminatorio. Lo ingresaron a la comisaria de Casa Grande, no lo registraron y cuando Ingresó fue víctima de TORTURA, le ingresaron una vara policial en el ano y le torturaron y cuando ella denunció, lamentablemente siguió todo el proceso penal y, pese a la existencia de evidencias suficientes, certificados médicos legales que constataban las lesiones en todo su cuerpo, el caso fue sobreseído, una corresponsabilidad de todos los actores del sistema, incluyendo mis jueces, incluyendo a mis jueces, pero hay que rescatar la valiente posición de la jueza superior la doctora Sara Pajares, que fue la única que dijo que sí había responsabilidad, lamentablemente, los otros dos jueces varones, tuvieron una decisión distinta y eso mereció una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque hubo IMPUNIDAD, y eso no puede repetirse. Por eso anuncio públicamente que, como presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, vamos acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos…»

Para Dino Horacio Ponce Pardo y Luis Miguel Quispe Cáceres esas declaraciones resultan sorprendentes e indignantes, pues Taboada Pilco no solo tergiversó el caso, sino que además falta a la verdad, acciones graves más aún si se tiene en cuenta que regenta un cargo en el Poder Judicial que demanda objetividad y mantener al margen de cualquier proceso penal por la independencia que existe en la administración de justicia por parte de los jueces.

Así, en la carta notarial, Ponce Pardo y Quispe Cáceres recuerdan que cuando prestaban servicio en la comisaría PNP Casa Grande, el año 2008 fueron injustamente involucrados en presuntos actos de violación sexual en agravio de Luis Alberto Rojas Marin, hoy Azul Rojas Marín, hecho que después de una prolija investigación, fue sobreseído por el Poder Judicial al no encontrase medios de pruebas fehacientes contundentes que permitan acreditar mínimamente algún tipo de responsabilidad penal de ellos por el delito de violación sexual con «una vara policial en el ano’, pues este hecho jamás ocurrió. Por ello, según indica, la resolución judicial de archivo quedó consentida.

SE FUE DE BOCA. En evento, Giammpol Taboada adelantó opinión de un caso.

ESTÁ EN INVESTIGACIÓN

“Que dichas expresiones, aparte de ser tendenciosas y difamatorias, son inexactas, pues, para su conocimiento, los hechos a los que su persona alude, fueron archivados por su propia institución y, si bien es cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto en su sentencia del 12 de marzo del 2020, también lo es que, ha dispuesto que el Estado peruano realice una nueva investigación en nuestra contra por parte del Ministerio Público, ello a efectos de determinar si efectivamente hay responsabilidad o no de los suscritos en los hechos denunciados por Luis Alberto Rojas Marín, hoy Azul Rojas Marin (denominado por la Corte en su sentencia como presunta víctima)”, expresan los policías.

“ES UN IRRESPONSABLE”

En ese sentido, los agentes le hacen ver a Giammpol Taboada Pilco que al expresar ello, actuó no solo como un ignorante de las leyes, sino, además, ya los condenó por adelantado, cuando el caso recién está nuevamente en investigación, creando presión a los jueces y fiscales con sus expresiones, sin medir el cargo que ostenta de presidente de la Corte que debe mantener una posición neutra no solo en este caso, sino en cualquier otro.

AGRAVIADOS. Policías irán hasta las últimas consecuencias.

“Señor Giammpol Taboada Pilco, usted en su condición de doctor en Derecho, de magistrado con el cargo de juez superior titular, docente universitario, conferencista y autor de libros jurídicos, ha vulnerado la presunción de inocencia establecido en el artículo 2°, numeral 24, literal e) de la Constitución Política del Estado. Con sus expresiones, su persona prácticamente está dando como un hecho cierto y verdadero, que efectivamente se introdujo ‘una vara policial en el ano’ de la presunta víctima Luis Alberto Rojas Marín o Azul Rojas Marín, ello para justificar un delito de violación y tortura, es decir, responsabilizando directamente a los recurrentes en nuestra condición de efectivos policiales intervinientes, causándonos un grave perjuicio moral y profesional, así como un tremendo daño emocional a nuestras familias, debido a su irresponsabilidad por adelantar juicios de valor, máxime si usted conoce que la investigación preliminar en nuestra contra por los delitos de violación y tortura, recién se ha iniciado y aún no hay un pronunciamiento”, indican los agraviados.

¡A LEER!

En vista de su ignorancia sobre el caso o sus ánimos de querer adelantar juicio, los agentes lo mandar a leer más a Taboada Pilco. “Si usted hubiera realizado un estudio responsable y minucioso del caso en particular, con análisis de la carpeta fiscal y expediente judicial, además de la propia sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y escuchar a todas las partes involucradas, habría reparado en los siguientes hechos”, sostienen. Le señalan, asimismo, que tras las denuncias en su contra hubo móviles de venganza.

“Lo que motivó a la presunta víctima Luis Alberto Rojas Marin para inventar una violación sexual en su agravio, fue producto de una planificada venganza, debido a la intervención policial realizada en octubre del 2007, por parte de los suscritos, en una investigación por homicidio a los sujetos Miguel Ángel y Paúl Gamboa Marín, hermanos de la hoy presunta víctima, involucrados en ese hecho criminal en agravio de Eleuterio Diaz Sánchez (Carpeta fiscal N° 483-2007), donde los fiscales de Ascope (denunciados por éste), pidieron prisión preventiva y el doctor Rosendo Via Castillo, juez penal de investigación preparatoria de Ascope, declaró fundado el requerimiento fiscal. No es coincidencia que todos los actores en ese caso, hayan sido posteriormente denunciados por la presunta víctima Luis Alberto Rojas Marín. Que el móvil de la venganza por parte de la presunta víctima Luis Alberto Rojas Marín, fue confirmado por su anterior abogado defensor Greco Vladimir Quiroz Diaz, en su declaración prestada en la carpeta fiscal N° 06-2020, con motivo de la investigación seguida contra los fiscales Reina Elizabeth Ruiz Gulo y otros sobre abuso de autoridad y otros, en agravio de los dos y hoy presunta víctima, tramitada en la Sexta Fiscalía Superior Penal de La Libertad, que archivo definitivamente el caso el 14 de enero del presente año. Que el acto de introducir «una vara policial en el ano» de una persona, habría dado como consecuencia la existencia de lesiones graves en la presunta víctima y que necesariamente hubieran requerido una intervención quirúrgica de emergencia, lo cual no ocurrió, pues ello no consta en los certificados médicos legales que usted invoca. También habría reparado que todos los señores fiscales intervinientes en este caso, durante el año 2008 fueron denunciados administrativamente por la presunta víctima Luis Alberto Rojas Marin, iniciándose una investigación a nivel de Control Interno del Ministerio Publico, la misma que fue archivada por la Dra. Gladys Echaíz Ramos, entonces Fiscal de la Nación, hoy congresista de la República, contra quien nunca hubo ninguna investigación respecto del caso. Que, la investigación por los delitos de abuso de autoridad y discriminación iniciada el año 2020, contra los señores fiscales y el señor juez de investigación preparatoria de Ascope, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ha sido archivada definitivamente por el Ministerio Público, decisión que quedó consentida el 14 de enero del 2022. Que, en la audiencia realizada en la referida Corte internacional, la defensa de la presunta víctima ofreció a un testigo falso como es el abogado Víctor Álvarez Pérez, quien suplantó al verdadero abogado Greco Quiroz Diaz, hoy consejero regional de La Libertad y que labora una cuadra de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, letrado que fue quien realmente intervino en toda la investigación preliminar y parte de la investigación preparatoria. Esta única declaración testimonial fraudulenta de Víctor Álvarez Pérez, sirvió de base para que se disponga que el Estado peruano inicie investigación contra los suscritos. Como juez imparcial se hubiera tomado el tiempo para conversar con el abogado Greco Quiroz para tomar mayores elementos de juicio, pero solo usted sabe por qué no lo hizo”, sostienen.

CIDH NO LOS CULPA

Ponce Pardo y Quispe Cáceres le aclaran, también, a Taboada Pilco que la CIDH no los sentencia ni adelanta opinión al respecto, tal como él lo hizo. “La sentencia de la CIDH en el item 9 de su parte resolutiva, dispone que el Estado promoverá y continuará las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables por los hechos de tortura en perjuicio de Azul Rojas Marín, en los términos de los párrafos 228 y 229 de la presente sentencia. Esto significa, que la CIDH en ningún extremo nos ha catalogado como responsables de violación y tortura, sino que simplemente dispone se realice una amplia, sistemática y minuciosa investigación para determinar algún tipo de responsabilidad, si fuera el caso, sin embargo, usted ya nos condenó públicamente”, le recuerdan.

LO QUEJARÁN ANTE OCMA

En ese sentido, le exigen al presidente de la Corte rectificarse públicamente lo más pronto posible. “Estos hechos, entre otros falsos, usted hoy los está hoy avalando como si fuesen ciertos, por lo que mal hace en afirmar que hubo «corresponsabilidad en todos los actores del sistema», no solo con el propósito de congraciarse con la presunta víctima, sino también para ganar protagonismo Como conferencista con este caso a costa de los recurrentes, sin importarle vulnerar nuestros derechos a la presunción de inocencia, al honor y a nuestra dignidad personal, lo cual no corresponde a un magistrado que, se supone, se rige por el principio de imparcialidad. El afirmar de su parte, que nuestras personas están involucradas en estos hechos presuntamente delincuenciales, es una actitud totalmente irresponsable, pues, no solo se está impulsando el poner en riesgo nuestra libertad ambulatoria, por constituir su posición respecto de este caso como un mecanismo de presión hacia quienes están investigando el hecho, sino también de nuestra propia vida y la de nuestra familia, por las represalias que se pudieran generar. De allí que por intermedio de la presente solicitamos a Ud. tenga a bien se sirva efectuar la rectificación pues caso contrario y muy a nuestro pesar, procederemos a formular la querella que corresponda por el delito de difamación encubierta en que habría incurrido o siga incurriendo su persona, sin perjuicio de interponer la queja funcional que corresponda. Desde un principio siempre fuimos y aún somos víctimas de una constante campaña mediática y de difamación que hasta hoy continua, en la que lamentablemente usted ha asumido una posición pública y directa en nuestro perjuicio, haciendo mal uso de su investidura como presidente de una Corte Superior para que en su conferencias nos impute hechos falsos que aún son objeto de investigación, por lo que solicitamos se abstenga de afirmar hechos de manera directa o indirecta en referencia al denominado «Caso Azul», porque reiteramos que aun está en proceso de investigación”, finalizan en su carta.