En un contexto marcado por la persistencia de la criminalidad organizada y la violencia urbana, el Gobierno Regional de La Libertad anunció una nueva inversión de S/ 25 millones destinada a fortalecer la logística y capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el año 2026. Con este nuevo desembolso, la gestión regional que encabeza Joana Cabrera Pimentel alcanzará un aporte acumulado de S/ 125 millones en materia de seguridad ciudadana entre los años 2023 y 2026.
El anuncio se produce en paralelo a la ampliación del estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Virú, una medida adoptada por el Poder Ejecutivo para enfrentar el avance del crimen organizado y restablecer el orden interno en zonas consideradas críticas. La prórroga fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026, que entrará en vigencia desde el 19 de enero de 2026 por un periodo de 60 días.
Estado de emergencia y control del orden interno
De acuerdo con la norma, la PNP mantiene el control del orden interno, con el apoyo directo de las Fuerzas Armadas, mientras continúan restringidos o suspendidos derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Esta medida busca otorgar mayor capacidad de acción a las fuerzas del orden frente a delitos como extorsión, sicariato, tráfico de drogas y uso de explosivos.
Para la gobernadora Joana Cabrera, la decisión responde a una necesidad urgente. “La prórroga del estado de emergencia es una decisión necesaria para seguir recuperando la tranquilidad de nuestras familias. Desde el Gobierno Regional venimos trabajando de manera articulada con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para combatir frontalmente a la criminalidad”, sostuvo.
Tecnología, movilidad y apoyo comunitario
La nueva partida presupuestal de S/ 25 millones será destinada a la adquisición de equipos tecnológicos de última generación y logística clave para el sistema regional de seguridad ciudadana. Entre las compras previstas para este año destacan 60 drones con inteligencia artificial, que permitirán completar una flota regional de 100 drones destinados al patrullaje aéreo y labores de inteligencia; 40 camionetas adicionales para comisarías, alcanzando un total de 210 vehículos entregados a la PNP; y 580 cámaras de videovigilancia con IA, con lo que se llegará a 1,000 cámaras instaladas en puntos estratégicos de la región.
Asimismo, el plan contempla indumentaria y equipos básicos para las rondas campesinas y juntas vecinales, actores que cumplen un rol clave en la vigilancia territorial y la prevención del delito, especialmente en zonas rurales y periurbanas.
“No solo pedimos acciones, también respaldamos con presupuesto”, remarcó la gobernadora. En ese sentido, recordó que durante su gestión ya se han entregado camionetas, motocicletas, drones, equipos antiextorsión, además de implementar una moderna central de emergencias 105 y avanzar en la construcción de un laboratorio de criminalística, cuya culminación está prevista en el corto plazo.
Una política de seguridad con enfoque sostenido
La inversión anunciada refuerza una estrategia de seguridad ciudadana de largo aliento, basada en tecnología, logística, articulación interinstitucional y presencia territorial. En medio de un escenario donde Trujillo y Virú continúan siendo focos de alta conflictividad, el Gobierno Regional apuesta por consolidar capacidades operativas que permitan una respuesta más rápida, inteligente y efectiva frente a la delincuencia.
Con el nuevo estado de emergencia y el refuerzo presupuestal anunciado, las autoridades regionales buscan enviar un mensaje claro: la lucha contra el crimen no será solo discursiva, sino respaldada con recursos concretos y sostenidos en el tiempo.
