Un operativo inopinado ejecutado por la empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) destapó una posible red de corrupción que habría permitido la instalación de puntos clandestinos de agua en diversas zonas de Trujillo. Entre las áreas involucradas figuran la urbanización La Perla y La Hermelinda, sectores donde no existía posibilidad legal de acceso al servicio debido a la falta de documentación saneada.
Durante la inspección realizada en La Perla, personal de Sedalib detectó varios puntos de conexión clandestina al sistema de agua potable, lo que generó sospechas sobre una red que estaría operando desde hace varios años. Este hallazgo coincide con un escándalo reciente en el que audios filtrados revelan que un tal Fort, exfuncionario vinculado a la empresa, habría cobrado S/ 15,000 por cada punto de agua irregular.
Según las investigaciones preliminares, la supuesta red de corrupción habría facilitado ilegalmente conexiones de agua a cambio de sumas millonarias. “Estamos hablando de un total de S/ 4,2 millones que habrían sido recibidos por Fort y otros personajes vinculados a él”, indicaron fuentes cercanas a la investigación.
Las grabaciones filtradas revelan que quien sería Fort menciona explícitamente que por cada conexión clandestina cobraba un monto fijo debido a su acceso a contactos dentro de Sedalib. “Por cada punto de agua le pagaban un promedio de S/ 15,000 porque él conseguía los contactos”, señala la transcripción de uno de los audios en los que el exfuncionario menciona la zona de La Perla y La Hermelinda como parte de su operación ilícita.
En las grabaciones también se menciona a un sujeto identificado como «Carlos», quien, según información cruzada por los investigadores, podría ser otro excolaborador de Sedalib que trabajó en la empresa cuando Fort Cabrera era gerente. De confirmarse su identidad, esto abriría una nueva línea de investigación sobre la posible complicidad de otros funcionarios dentro de la institución.
El hallazgo de las conexiones clandestinas ha llevado a Sedalib a iniciar una verificación más amplia en otras zonas de Trujillo para detectar si existen más casos similares. Fuentes dentro de la empresa han indicado que, de confirmarse la información de los audios con evidencia física, la situación se convertiría en un grave problema legal para Fort y sus presuntos cómplices.
“Si encuentran más puntos clandestinos en estas zonas, se comprobaría que la información de los audios es cierta, lo que obligaría al Ministerio Público a abrir una investigación penal en su contra y de los demás implicados”, advirtieron especialistas en derecho penal.
El caso ha puesto nuevamente en el ojo público las fallas en la gestión y fiscalización de Sedalib, que en los últimos años ha sido blanco de denuncias por mal manejo de recursos y falta de transparencia en la adjudicación de contratos. La detección de conexiones ilegales no solo representa un daño económico a la empresa, sino también un riesgo para la sostenibilidad del servicio de agua en la ciudad.
Las autoridades locales han solicitado a la Fiscalía acelerar las diligencias para determinar la magnitud de la red y sancionar a los responsables.
El caso ha generado indignación entre los vecinos de Trujillo, quienes exigen que se esclarezca la responsabilidad de los involucrados y se sancione ejemplarmente a quienes han lucrado con un recurso esencial como el agua potable.
De confirmarse la participación de Fort y otros exfuncionarios, podrían enfrentar cargos por corrupción, colusión y fraude contra la administración pública, delitos que contemplan penas de cárcel y sanciones económicas severas.
Mientras tanto, Sedalib ha solicitado la colaboración de los ciudadanos para denunciar cualquier irregularidad relacionada con conexiones clandestinas y asegurar que el servicio de agua potable llegue de manera equitativa y legal a toda la población.
