SEDALIB: Ricardo Delgado impulsa cambio de presidente del directorio y pide evaluar situación legal de actual conducción

TRUJILLO, LA LIBERTAD. La continuidad de Frank Eduardo Sánchez Romero al frente del directorio de SEDALIB S.A. comienza a ser cuestionada desde el interior de la propia empresa. El ingeniero Ricardo Manuel Delgado Arana, director que representa al Gobierno Regional de La Libertad, formalizó una solicitud para que se determine si existen impedimentos legales o societarios que dificulten la elección de un nuevo presidente.

El pedido fue presentado mediante una carta fechada el 7 de octubre de 2026 y dirigida al actual titular del directorio. En el documento, Delgado Arana solicita que la Subgerencia de Asesoría Jurídica emita una opinión sobre la situación registral del anterior presidente, Percy Ricardo Lucio Rosario Martell, y establezca si existe alguna restricción que deba resolverse antes de proceder a una nueva elección.

La iniciativa no constituye todavía una convocatoria electoral ni una decisión de reemplazo. Sin embargo, evidencia que al menos uno de los integrantes del directorio considera necesario revisar la conducción institucional.

Uno de los aspectos centrales de la solicitud es la existencia de un presunto acuerdo adoptado al inicio de la actual gestión. Según Delgado Arana, los integrantes del directorio habrían convenido compartir la presidencia y permitir que otro director asumiera el cargo a partir de julio de 2026.

El propósito, afirma, era renovar la conducción y dar un nuevo impulso a la gestión empresarial. No obstante, el cambio no se concretó. El director sostiene, además, que Sánchez Romero se habría comprometido a ejercer la presidencia durante un año antes de dar paso a otro integrante con conocimientos especializados en saneamiento.

La carta también introduce una cuestión societaria que podría ser determinante para cualquier modificación de la presidencia. Delgado Arana pide que se evalúe la situación registral de Percy Ricardo Lucio Rosario Martell, anterior titular del directorio. El objetivo es establecer si existe algún impedimento jurídico o registral que deba ser resuelto antes de elegir a un nuevo presidente.

Delgado propone que la próxima sesión incluya expresamente en su agenda el punto denominado «Opinión legal para elección del nuevo presidente del directorio de SEDALIB S.A”. El representante del Gobierno Regional intentó marcar distancia de una interpretación partidaria de su iniciativa. «Aquí no se trata de un enfrentamiento político, sino de cambiar el rumbo de la gestión para que SEDALIB resuelva los problemas de saneamiento de la población», enfatizó.

Delgado Arana afirmó que renunció a Alianza para el Progreso en 2022 y sostuvo que su posición responde a la preocupación por los resultados de la empresa. Con esta declaración, busca presentar el eventual cambio de presidente como una medida de gestión antes que como una disputa por el control institucional. No obstante, la elección de un nuevo titular dependerá de las competencias del directorio, de las normas aplicables y de los acuerdos que formalmente se adopten.

Más allá del cambio de presidente, Delgado Arana expresó preocupación por la ejecución de obras que, según su apreciación, no contarían con una planificación adecuada. El director considera que estas deficiencias estarían generando dificultades y malestar entre los usuarios. Su cuestionamiento apunta tanto a la conducción institucional como al desempeño del equipo técnico.

A su juicio, SEDALIB necesita fortalecer la programación de proyectos, la supervisión de obras y la priorización de las necesidades de la población. Delgado Arana considera que la presidencia del directorio debería recaer en un profesional con conocimientos de ingeniería civil y saneamiento. Su argumento es que la complejidad de los problemas que enfrenta la empresa demanda una conducción capaz de comprender las necesidades de infraestructura, la ejecución de proyectos y la prestación de los servicios.

Sin embargo, el perfil profesional de quien presida el directorio deberá evaluarse conforme a los requisitos legales y estatutarios correspondientes, además de las competencias de gestión que exige el cargo.

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