La Gerencia de Educación del Gobierno Regional de La Libertad, vía medida cautelar provisional, decidió separar de sus cargos a tres funcionarios que están sometidos a un proceso disciplinario al haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus labores, en este caso por la compra irregular de uniformes.
Se trata de Jorge Efigenio Sánchez Acosta, quien se desempeñaba como director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Gerencia Regional de Educación La Libertad; Julio Elmer Sifuentes Nicacio, director de la Oficina de Administración; Luis Javier Collantes Silva, subgerente de Gestión Institucional.
Los tres fueron separados de sus cargos mientras dure el procedimiento administrativo disciplinario e incluido el procedimiento recursal, según se señala en la resolución que lleva la firma del gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho Paz.
En el artículo 2 de la resolución se indica que se pone a disposición de la Subgerencia Regional de Recursos Humanos del Gobierno Regional de La Libertad, para que esta subgerencia le asigne un cargo compatible con el nivel de carrera y especialidad de los Gerentes Públicos investigados. En tanto, en la tercera parte de la parte resolutiva se señala declarar que los gerentes públicos investigados tienen derecho al goce de sus remuneraciones, estando impedidos de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayores a cinco días.
De acuerdo al documento, a Julio Sifuentes Nicacio, ahora separado de la Oficina de Administración, se le imputa un total desconocimiento de la Tercera Disposición Complementaria de la Resolución Ejecutiva Regional N°288- 2021-GRLL/GOB sobre inició el proceso de contratación para adquirir uniformes para sí y a favor de otros gerentes públicos, así como ordenar la entrega de los mismos, irregularidades que deberán ser corroboradas con elementos de convicción para proceder con una sanción justa, sin privarle de su derecho a la defensa.
En tanto, a Javier Collantes Silva se le imputa no ser celoso en el desempeño de sus funciones y proceder a autorizar la certificación de un presupuesto para la compra de uniformes, permitiendo que en la relación de trabajadores beneficiados se considere a gerentes públicos y funcionarios públicos que ejercen cargos de confianza.
Mientras que a Jorge Sánchez Acosta se indica que “resulta inaceptable y altamente agraviante a los intereses del Estado, pues el contenido del análisis de sus informes legales habrían conllevado que las Unidades Ejecutoras Locales de Educación realicen adquisición de uniformes para el personal administrativo, comprendiendo además a funcionarios públicos en cargos de confianza, ello debido al desconocimiento de las normas legales a pesar de ser considerado un profesional altamente especializado en legislación administrativa y de gestión pública.
