Por Yuri Castro
Hay cuadros que se deterioran con el tiempo. La humedad levanta la pintura, el polvo apaga los colores y las grietas terminan por deformar la imagen original. En el arte, ese desgaste puede restaurarse. En la administración pública, en cambio, las grietas suelen esconder algo más profundo: años de improvisación, normas olvidadas y controles que nunca llegaron.
La Escuela Superior de Formación Artística Pública «Macedonio de la Torre» de Trujillo, una de las instituciones más emblemáticas de la formación artística en el norte del país, aparece hoy retratada por la Contraloría General de la República en una obra muy distinta a las que producen sus estudiantes. No hay óleo, acuarela ni escultura. El lienzo está compuesto por expedientes, resoluciones, recibos, reglamentos y documentos administrativos que, lejos de transmitir armonía, revelan un paisaje de desorden institucional de quienes actualmente tienen la administración. Paradójicamente, la escuela que durante décadas ha enseñado composición, equilibrio y técnica parece haber perdido esos principios fuera de las aulas.
UN CUADRO MAL PINTADO
El informe de control correspondiente al año 2025 de la Contraloría General de la República, a la cual tuvo acceso Causa Justa, identifica una sucesión de presuntas irregularidades que van desde documentos de gestión sin sustento legal hasta deficiencias en el manejo de recursos económicos, pasando por la conformación de un comité cuestionado y una preocupante falta de transparencia financiera que ponen bajo la lupa la gestión de su director, Víctor Humberto Montenegro Burga. Más que errores aislados, el documento describe un sistema administrativo que funciona sobre bases frágiles, como una pintura elaborada sobre un lienzo deteriorado.
Toda institución pública necesita reglas claras para funcionar. Son el boceto sobre el cual se construye la gestión. En Bellas Artes, ese boceto parece haberse quedado detenido en el tiempo. La Contraloría encontró que el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) utilizado por la institución corresponde al año 2018 y continúa sustentándose en una norma que fue derogada desde el 2016. En términos administrativos, equivale a pintar un mural utilizando un plano que ya no existe. Pero la situación no termina allí.
El Reglamento Interno que rige el funcionamiento de la escuela pertenece al periodo 2017-2018 y, según el informe, ni siquiera cuenta con un acto formal de aprobación que le otorgue validez jurídica, según se indica en el informe de Contraloría.
A ello se suma otro vacío: durante buena parte de 2025 la institución no disponía de un Plan Anual de Trabajo aprobado. Existía únicamente un proyecto pendiente de validación, situación que dificulta la planificación institucional y la ejecución ordenada de actividades. Sin documentos actualizados, cada decisión administrativa comienza a caminar sobre terreno incierto.
UNA PINTURA NADA TRANSPARENTE
Si la gestión documental presenta grietas, el manejo del dinero ofrece una imagen todavía más preocupante. Los auditores de Contraloría revisaron la administración de los recursos propios —aquellos ingresos generados por matrículas, certificados, trámites y otros servicios (¡TALLERES DE VERANO!)— y encontraron numerosas inconsistencias.
Diversos recibos oficiales carecen de las firmas obligatorias del director, administrador o tesoreros. Otros presentan saltos en la numeración que dificultan reconstruir el recorrido del dinero, según el informe de la Contraloría.
En administración pública, cada firma representa una responsabilidad. Cada número correlativo garantiza trazabilidad. Cuando ambos elementos desaparecen, también lo hace parte del control.
El informe identifica recibos específicos donde estas omisiones se repiten, poniendo en cuestión los mecanismos internos de supervisión.
Las observaciones alcanzan incluso la forma en que se utilizaron determinados fondos institucionales. Las llamadas Declaraciones Juradas de Gastos están previstas para cubrir exclusivamente gastos de movilidad.
Sin embargo, según la Contraloría, la escuela de Bellas Artes utilizó ese mecanismo para financiar compras y servicios completamente distintos: adquisición de globos, limpieza de cortinas, reparación de tornos eléctricos e incluso devoluciones por derechos de carné universitario.
Algunas de estas declaraciones tampoco contaban con las autorizaciones exigidas. No se trata únicamente de un problema contable. Es una utilización de procedimientos distintos para fines no contemplados por la normativa vigente que podría acarrear denuncias penales.
Quizá una de las observaciones más delicadas sea la relacionada con la transparencia. La Contraloría señala que la escuela no lleva un Libro de Caja que permita registrar de manera ordenada los movimientos financieros.
Asimismo, los estados financieros trimestrales no eran publicados en lugares visibles para conocimiento de estudiantes, docentes y comunidad educativa. La transparencia no consiste únicamente en rendir cuentas ante los órganos de control. También implica permitir que quienes forman parte de la institución conozcan cómo se administran los recursos que ingresan a ella. Eso no se ha hecho en la escuela de Bellas Artes, según la Contraloría.
Cuando esos estados financieros permanecen ocultos, la confianza comienza a deteriorarse.
EL COMITÉ ELEGIDO SIN SECRETO
Toda obra colectiva necesita un jurado imparcial. En Bellas Artes, el órgano encargado de administrar los recursos propios también terminó bajo observación.
La Contraloría concluyó que sus integrantes no fueron elegidos mediante voto directo y secreto, tal como exige la normativa. En su lugar, fueron designados mediante propuestas abiertas o aclamación. Pero la irregularidad no termina en el procedimiento. La resolución que reconoce oficialmente a este comité se sustenta en una norma derogada desde el año 2012.
Como consecuencia, los auditores advierten que los actos adoptados por dicho órgano podrían verse afectados por cuestionamientos sobre su validez jurídica.
Además, el comité fue conformado sin incorporar al jefe de Producción, integrante obligatorio según el reglamento vigente. Es decir, la obra quedó incompleta desde su diseño.
GERENCIA DE EDUCACIÓN BAJO LA LUPA
De acuerdo a la normatividad, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica y supervisar el funcionamiento de las instituciones educativas bajo su ámbito.
Sin embargo, el informe de Contraloría también dirige observaciones hacia este nivel de gestión. Según la Contraloría, pese a realizar visitas de supervisión, los funcionarios regionales no detectaron que la escuela continuaba utilizando normas derogadas para organizar sus órganos administrativos.
Más aún, la directiva necesaria para regular el manejo de recursos propios fue entregada recién durante una visita inopinada realizada en abril de 2025. Era como entregar el manual de instrucciones cuando la obra ya estaba terminada.
En las aulas de la Escuela Superior de Formación Artística «Macedonio de la Torre» de Trujillo se enseña (si es que en verdad lo hacen) que toda obra requiere composición, equilibrio, perspectiva y dominio técnico.
La Contraloría acaba de presentar otra composición. Una elaborada con reglamentos vencidos, recibos sin firmas, normas derogadas, comités cuestionados y cuentas que permanecen fuera de la vista de la comunidad educativa.
Mientras los estudiantes aprenden que una buena pintura no admite improvisaciones, el informe de Contraloría sugiere que, durante años, la administración institucional fue construyendo una obra distinta: una donde las reglas se difuminaron, los controles perdieron color y la transparencia terminó convertida en el espacio en blanco de un lienzo que ahora deberá ser restaurado.
Porque, al final, las peores manchas no siempre aparecen sobre un cuadro.
A veces quedan impresas en la administración de quienes tienen la responsabilidad de preservar el arte.
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