El caso del secuestro del empresario Iván Díaz Garrido vuelve a ocupar titulares, esta vez por un pedido judicial que busca impedir que una de las principales acusadas abandone el país.
El último lunes 4 de agosto, a las 3:06 p.m., la defensa legal del empresario ingresó al Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo un escrito solicitando que se dicte impedimento de salida del país contra Juanita Alejandra Guibert Sandoval, hija del exconsejero regional de la provincia de Gran Chimú, Carlos Guibert Gallardo y expareja sentimental de Díaz Garrido.
La mujer enfrenta múltiples procesos judiciales, pero los más graves corresponden a violencia familiar y secuestro agravado, este último atribuido a la banda criminal “Los Pulpos” y ocurrido en octubre de 2023. En este caso, la fiscal Elena Jara Castañeda ha solicitado cadena perpetua para Guibert Sandoval y otros tres implicados, actualmente en prisión preventiva.
Reo contumaz y presunto intento de fuga
El escrito, firmado por Díaz Garrido y su abogado Víctor Peralta Miranda, sostiene que la acusada no se presentó a la audiencia del 10 de julio, lo que motivó que el Poder Judicial la declare reo contumaz.
Según la defensa, existen indicios de que la mujer planea salir del país para evadir la justicia, lo que hace urgente la medida solicitada.
Un secuestro marcado por la tortura
El secuestro del empresario fue ejecutado con extrema violencia. Vestidos con uniformes de policía, los delincuentes irrumpieron en su oficina, ubicada en la cuadra 12 de la avenida Perú en Trujillo, lo arrastraron y lo mantuvieron cautivo durante 11 días en un lugar desconocido.
En ese lapso, sus captores le mutilaron dos dedos de la mano derecha y parte de ambas orejas como método de presión para exigir un rescate.
La familia de Díaz Garrido terminó pagando 250 mil dólares —equivalente a casi un millón de soles— para lograr su liberación.
Este episodio no solo ha dejado secuelas físicas y psicológicas en la víctima, sino que también expone los altos niveles de violencia con los que operan las organizaciones criminales en La Libertad.
El seguimiento a este pedido judicial será clave para determinar si la justicia logra evitar que la procesada evada su responsabilidad penal en uno de los secuestros más violentos y mediáticos de los últimos años en la región.
