La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó con 12 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones el dictamen que regula los efectos jurídicos de la unión civil, una figura legal que contempla tanto parejas del mismo sexo como de sexos opuestos. Esta propuesta, impulsada por el congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País), busca formalizar relaciones de convivencia y otorgar derechos patrimoniales y sociales a las parejas, sin equipararlas al matrimonio.
Lo que propone la unión civil
El dictamen del Proyecto de Ley 02803/2022-CR establece la unión civil como un acuerdo de voluntades, formalizado mediante un registro en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Entre los derechos planteados se incluyen:
- Administración conjunta o separada de los bienes adquiridos durante la convivencia.
- Derechos sucesorios, pensión de viudez y decisiones médicas prioritarias.
- Acceso a la seguridad social y beneficios económicos.
Cavero subrayó que la propuesta no implica cambios en el estado civil de las personas ni incluye la adopción de menores. Según el legislador, este es un punto clave para evitar confusiones y debates innecesarios sobre la naturaleza de la iniciativa. La propuesta, por tanto, no plantea un cambio estructural en la institución del matrimonio ni en la definición de la familia, aunque sí reconoce derechos patrimoniales y sociales para las parejas unidas por esta figura.
Opiniones divididas y barreras legales
Aunque la propuesta ha avanzado en el Congreso, el debate ha generado fuertes discrepancias. La Defensoría del Pueblo señaló que la iniciativa de Cavero no cumple con los estándares internacionales, ya que limita su alcance a prerrogativas patrimoniales y no garantiza un trato igualitario para las uniones entre personas del mismo sexo. Esto ha provocado que sectores que abogan por los derechos de la comunidad LGBT+ cuestionen si el proyecto realmente resuelve las desigualdades que existen en la sociedad peruana.
Por otro lado, RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) aclaró que este tipo de uniones no alterará el estado civil de las personas, ya que no se equipara al matrimonio, al no contar con una reforma constitucional que modifique dicha definición. Este aspecto ha sido clave para evitar controversias legales, ya que el proyecto no pretende redefinir la institución del matrimonio en el marco constitucional, lo que podría haber generado mayores disputas.
Tensiones en el debate
El proceso de aprobación del dictamen estuvo marcado por intensos cuestionamientos. La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) decidió retirar su propia iniciativa para dar prioridad al proyecto de Cavero, argumentando que, aunque ambas iniciativas buscaban corregir desigualdades, la propuesta de Cavero era más viable legislativamente.
Sin embargo, las objeciones no tardaron en llegar. Alejandro Muñante (Renovación Popular) intentó detener el dictamen con una cuestión previa y un pedido de reconsideración, alegando que la propuesta vulnera la Constitución al equiparar la unión civil con el matrimonio o la familia. Ambas acciones fueron rechazadas por la mayoría de la comisión, dejando claro que la división de opiniones es palpable dentro del Congreso.
Algunas voces, como las de Gladys Echaíz (Héroes del Bicentenario) y Tania Ramírez (Fuerza Popular), expresaron reservas sobre el alcance del proyecto, advirtiendo que, aunque buscan evitar la discriminación, es importante que no se contravenga lo estipulado en la Constitución. Echaíz también cuestionó la falta de claridad entre el discurso verbal y el texto escrito del dictamen, lo que generó más confusión dentro de la comisión.
Cambios para evitar conflictos
En respuesta a estas críticas, Cavero introdujo modificaciones al artículo 1 de la iniciativa, aclarando que la unión civil no constituye familia ni matrimonio, para evitar más interpretaciones equivocadas. Además, se propuso que los bienes adquiridos por las parejas durante su convivencia se rijan por las normas patrimoniales establecidas en la SUNARP, permitiendo a los convivientes optar por un régimen común o separado.
Con este dictamen aprobado en la comisión, el proyecto ahora se traslada al Pleno del Congreso, donde podría enfrentar más resistencias. Si bien algunos sectores consideran que esta iniciativa es un avance necesario para garantizar derechos civiles básicos para las parejas del mismo sexo, otros aún ven en la propuesta un tema sin resolver, que no aborda las preocupaciones legales y constitucionales que plantea.
Este no es un tema nuevo en el Congreso. Desde 2006, diversas iniciativas han intentado regular derechos para parejas del mismo sexo, como las propuestas de José Vargas en 2010, Carlos Bruce en 2013 y 2016, y más recientemente, la de Moyano en 2023. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha logrado consolidarse como ley, lo que evidencia las profundas divisiones sobre el tema dentro de la política peruana.
