Entre gallos y medianoche, en el Congreso de la República se pretende aprobar un proyecto de ley que terminará beneficiando a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de terreno que, como se sabe, ha afectado en los últimos años en La Libertad a empresas privadas y el proyecto especial Chavimochic.
Se trata del proyecto de ley N° 7806/2020-CR denominado: “Ley de promoción y nuevo procedimiento de acceso a la vivienda social, y a los créditos de vivienda del Estado, a favor de los sectores más necesitados”.
EN NOMBRE DE LOS POBRES
El proyecto ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, encabezado por el congresista Juan Carlos Oyola Rodríguez. De acuerdo a esta iniciativa legislativa, se plantea que los programas y créditos del Fondo MiVivienda puedan financiar la construcción de un inmueble por parte de un poseedor inmediato que reúna los requisitos para adquirir la propiedad por prescripción conforme al Código Civil.
Ese “poseedor inmediato”, se interpreta, que es aquella persona que está en contacto directo con el bien, es decir que ocupa el terreno, sin importar la legalidad jurídica de su ocupación, como, por ejemplo, contar con el título de Registros Públicos.
Como se sabe, los requisitos para la prescripción de un terreno, señalados en el Código Civil, son la posesión continua, pacífica, pública durante 5 o 10 años dependiendo si se actúa de buena o mala fe.
El proyecto plantea, además, en su artículo 3, que el procedimiento para acceder a este crédito sería: Contar con un certificado de posesión del municipio provincial, contar con un certificado emitido por un notario público que de fe que reúne los requisitos legales para la prescripción del terreno, y tener el cargo original del escrito de inicio del procedimiento de prescripción administrativo o judicial respectivo.
UN CABALLO DE TROYA
Para el abogado Piero Benavides Roldán, cualquier persona puede demandar en un proceso la prescripción adquisitiva de dominio de un inmueble, pero el inicio de esta demanda es solo la admisión de una solicitud de actuación de un juez, quien deberá valorar las pruebas presentadas realizando todas las diligencias que sean necesarias para lograr una sentencia acorde a ley debiendo incluso notificar al propietario del inmueble contra quien se inicia la prescripción para que pueda ejercer su derecho a la defensa. “En nuestra consideración, este proyecto de ley representa un serio atentado contra la propiedad privada y alienta la realización de invasiones, ya que ahora el Estado incluso podría financiar las construcciones de los invasores o traficantes de tierras”, advirtió el especialista.
De otro lado, dijo que resulta evidente que debido a las falencias propias de nuestros sistemas de catastro y desarrollo urbano – rural y a un, innegable, factor de corrupción, obtener el certificado de posesión municipal no es complicado para un invasor.
“Pero, lo que resulta realmente preocupante, es la potencial vulneración del orden jurídico, al debido proceso, y por ende a la paz social, que representan los requisitos 2 y 3. El primero porque solo se exige que el notario de conformidad con la aparente reunión de los requisitos legales, toda vez que no le corresponde hacer una valoración de los mismos”, expresó.
DE MUCHO CUIDADO
Hay que señalar que los traficantes de terreno se vienen apoderando de áreas que le pertenecen a privados y al proyecto especial Chavimochic, a la altura del kilómetro 588 de la carretera Panamericana Norte, comprensión del centro poblado El Milagro, del distrito de Huanchaco, a la salida norte de Trujillo. Precisamente, uno de estos mafiosos ha recurrido ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad para vía una adquisición adquisitiva obtener la titularidad de este terreno de 400 hectáreas. Han presentado documentos falsificados de la Comunidad Campesina de Huanchaco, según investigación fiscal.
