Los trabajadores del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA) han abierto un nuevo frente en la disputa por el control de la infraestructura hidráulica mayor del valle Jequetepeque, que comprende el sistema asociado a la presa Gallito Ciego. Mediante un pronunciamiento dirigido al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el Sindicato de Trabajadores del PEJEZA expresó su rechazo a que la operación, mantenimiento y administración de los recursos hídricos sean transferidos a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jequetepeque.
Uno de sus principales argumentos es económico: según información técnica citada en el documento, la Junta mantendría al 31 de julio de 2026 una deuda acumulada de S/ 50’273,657.60, relacionada con la Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Mayor (TUIHMA). Los trabajadores sostienen que este asunto debería resolverse antes de otorgar nuevas facultades a la organización de usuarios.
PEJEZA asegura que su título continúa vigente
El pronunciamiento sostiene que el PEJEZA cuenta con un título habilitante vigente, de carácter indeterminado, para operar la Infraestructura Hidráulica del Sector Hidráulico Mayor Jequetepeque – Clase A. El sindicato cita la Resolución Jefatural N.° 045-2017-ANA, mediante la cual se otorgó el título, y la Resolución Jefatural N.° 094-2022-ANA, que declaró su vigencia indeterminada.
También señala que el Manual de Operaciones del PEJEZA, aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 0030-2020-MINAGRI, establece entre las funciones de la entidad la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor del valle. Pero el documento va más allá. Los trabajadores afirman que una solicitud destinada a revocar el título del PEJEZA fue declarada infundada mediante Resolución Jefatural N.° 0055-2025-ANA.
Asimismo, indican que mediante Resolución Directoral N.° 0703-2026-ANA-AAA.JZ fue declarada improcedente una solicitud de la Junta de Usuarios para obtener el título habilitante como operador de la infraestructura hidráulica mayor. Estas afirmaciones corresponden al contenido del pronunciamiento y deberían contrastarse con las resoluciones administrativas citadas para establecer íntegramente sus alcances.
Una deuda que supera los S/ 50 millones
El punto más delicado del documento aparece al abordar los recursos recaudados por concepto de la TUIHMA. Según el Informe N.° 006-2026-BMJC citado por los trabajadores, al 31 de diciembre de 2025 existía una obligación acumulada de S/ 44’886,927.42. Entre enero y julio de 2026 se habrían generado otros S/ 5’406,730.25, elevando el subtotal a S/ 50’293,657.67.
El documento consigna además un pago a cuenta de S/ 20,000 realizado el 23 de febrero de 2026. Con ello, establece una deuda total al 31 de julio de S/ 50’273,657.60. El sindicato sostiene que se trataría de recursos correspondientes a tarifas recaudadas y no transferidas al PEJEZA.
Sin embargo, esta cifra constituye la posición documentada por el PEJEZA y sus trabajadores. Para determinar el monto exigible definitivo debe considerarse también la posición de la Junta de Usuarios y el resultado de los procesos administrativos y judiciales en trámite.
Dos procesos judiciales por más de S/ 24 millones
El pronunciamiento revela además la existencia de procesos judiciales impulsados por el PEJEZA, con apoyo de la Procuraduría Pública del MIDAGRI, contra la Junta de Usuarios. Uno corresponde al Expediente N.° 00126-2024-0-1614-JR-CI-01, tramitado ante el Juzgado Civil de San Pedro de Lloc, por una obligación de dar suma de dinero ascendente a S/ 23’172,920.21.
El segundo es el Expediente N.° 00233-2021-0-1614-JR-CI-01, también ante el Juzgado Civil de San Pedro de Lloc, por S/ 1’352,544.18. La existencia de estas demandas acredita una controversia judicial por esos montos, pero no debe interpretarse automáticamente como una sentencia definitiva favorable al PEJEZA.
Advierten seis riesgos para el Estado
Los trabajadores sostienen que transferir la infraestructura mayor a la Junta sin resolver previamente las controversias existentes podría generar riesgos para el Estado. Entre ellos mencionan una posible afectación patrimonial; falta de trazabilidad y control sobre el destino de la tarifa; ausencia, según su interpretación, de un marco legal suficiente para determinadas actuaciones de la Junta; riesgos para la seguridad de la infraestructura hidráulica; debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas; y dificultades para recuperar las obligaciones económicas reclamadas.
El sindicato recuerda además que existió un convenio entre el PEJEZA y la Junta para determinadas actividades de operación y mantenimiento, pero señala que este fue resuelto en 2018 después de detectarse presuntos incumplimientos. El documento incorpora además un cuestionamiento directo a Edgar Salazar Arias, actual gerente técnico de la Junta de Usuarios.
Los trabajadores rechazan una eventual designación de Salazar para asumir responsabilidades o funciones relacionadas con la conducción del PEJEZA. Argumentan que durante su gestión la Junta no habría transferido al proyecto recursos correspondientes a la TUIHMA y sostienen que ello podría generar un conflicto de intereses.
Se trata de la posición del sindicato, por lo que el señalamiento no debe presentarse como una responsabilidad administrativa o penal establecida. Salazar y la Junta de Usuarios tienen derecho a responder a estas afirmaciones. La controversia adquiere mayor relevancia porque la Junta de Usuarios viene sosteniendo públicamente que corresponde avanzar hacia la entrega del título habilitante para operar la infraestructura mayor de Gallito Ciego.
Los documentos del sindicato presentan la posición contraria: sostienen que PEJEZA conserva actualmente el título habilitante y que la Junta no tendría todavía autorización para operar la infraestructura hidráulica mayor. Por ello, el sindicato pide al MIDAGRI y a la Autoridad Nacional del Agua que cualquier decisión se adopte exclusivamente sobre criterios técnicos, jurídicos y económicos.
También solicita que, antes de considerar un cambio de operador, se determine y transparente la situación de los recursos provenientes de la TUIHMA, la deuda acumulada, su cobranza y el destino de los montos recaudados, con participación de la Procuraduría Pública del MIDAGRI. El pronunciamiento está fechado el 21 de agosto de 2026 y aparece suscrito por representantes del Sindicato de Trabajadores del PEJEZA, encabezados por su secretario general, Manuel Walter Arias Carrasco.
La controversia coloca ahora en el centro dos cuestiones que deberán ser esclarecidas por las autoridades: quién posee jurídicamente las facultades para operar la infraestructura mayor del Jequetepeque y cuál es la situación real de los más de S/ 50 millones que el PEJEZA reclama a la Junta de Usuarios.
