La campaña que promueve el voto nulo en la segunda vuelta regional de La Libertad no garantiza que se convoque automáticamente a nuevas elecciones ni que los candidatos actualmente en competencia queden fuera del proceso. Así lo advirtió el especialista en derecho electoral Tomás Alva, quien pidió a los ciudadanos conocer las consecuencias legales de esta alternativa antes de acudir a las urnas.
La controversia surge en medio de la contienda entre Aldo Carlos Mariños y Elías Rodríguez, candidatos que disputarán el Gobierno Regional de La Libertad en la segunda vuelta prevista para el 6 de diciembre de 2026.
En redes sociales circulan mensajes que plantean la anulación de los comicios como una alternativa frente a las candidaturas existentes. Sin embargo, Alva señaló que el resultado de una eventual campaña por el voto nulo está sujeto a requisitos establecidos por la legislación electoral.
El especialista cuestionó que se presente esta opción como un mecanismo automático para modificar completamente el escenario político regional. ¿Cuántos votos nulos o blancos se necesitan para anular una elección?
Tomás Alva explicó que la normativa peruana contempla un umbral de dos tercios para declarar la nulidad de una elección por la cantidad de votos blancos o nulos. Este requisito supone una proporción considerable de votos, por lo que el especialista consideró difícil que una campaña difundida en redes sociales alcance por sí sola las condiciones necesarias para invalidar los comicios.
Es importante distinguir el voto nulo del voto en blanco. El primero corresponde a una cédula que no cumple las condiciones para ser considerada válida, mientras que el segundo se produce cuando el elector no marca ninguna de las opciones disponibles. Ambos tienen un tratamiento específico en la legislación electoral y pueden ser relevantes para las causales de nulidad previstas por la Constitución y las normas electorales.
No obstante, el umbral legal debe interpretarse utilizando la base de cálculo establecida en la normativa y no mediante una comparación informal con los votos obtenidos por cada candidato. ¿Una elección anulada obliga a cambiar a los candidatos?
Otro punto abordado por Alva fue la posibilidad de que una eventual nulidad conduzca a una nueva elección con candidatos diferentes. El especialista advirtió que esa consecuencia no es automática. En caso de declararse la nulidad de los comicios, corresponde a las autoridades electorales determinar las actuaciones posteriores conforme a la legislación aplicable.
La convocatoria de un nuevo proceso no implica, por sí misma, que todos los postulantes anteriores pierdan su habilitación ni que necesariamente deban presentarse candidaturas completamente nuevas. Por ello, Alva consideró que los mensajes que prometen un cambio total de candidatos mediante la anulación del voto pueden generar expectativas que no están respaldadas por una consecuencia jurídica automática.
La controversia se desarrolla en un contexto de competencia electoral entre Aldo Mariños y Elías Rodríguez, quienes buscan acceder al Gobierno Regional de La Libertad. La campaña por el voto nulo introduce un debate sobre el rechazo a las candidaturas y los mecanismos disponibles para expresar ese desacuerdo. Sin embargo, la expresión política de rechazo mediante un voto blanco o nulo debe distinguirse de sus efectos jurídicos sobre la validez de los resultados.
Un elector puede decidir votar en blanco o anular su voto, pero esa decisión individual no implica que la elección quede automáticamente invalidada. Para que se produzca una nulidad deben cumplirse las condiciones legales correspondientes y existir una decisión de la autoridad electoral competente.
Especialista pide revisar las propuestas antes de votar
Frente a la circulación de mensajes sobre una posible anulación electoral, Tomás Alva recomendó a los ciudadanos informarse sobre las reglas que regulan la segunda vuelta. El especialista señaló la importancia de examinar las propuestas de los candidatos y comprender las consecuencias de las distintas opciones de voto.
Asimismo, pidió diferenciar las disposiciones oficiales de las interpretaciones que circulan en redes sociales, especialmente cuando estas presentan resultados jurídicos como si fueran automáticos.
