Los inspectores y trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) anunciaron una huelga nacional indefinida a partir del lunes 26 de octubre, ante la falta de soluciones a una serie de demandas laborales y administrativas que, según sus representantes, afectan el funcionamiento de la fiscalización del trabajo en el país.
El anuncio fue realizado por Víctor Gómez, secretario general del sindicato, durante una entrevista concedida a SOL TV, en la que detalló los reclamos que motivaron la medida de protesta. Entre las principales exigencias figuran la aprobación de una nueva escala remunerativa, la mejora de las condiciones logísticas para las inspecciones y la revisión de la distribución de competencias para fiscalizar a las microempresas.
El dirigente sostuvo que las deficiencias no solo afectan a los trabajadores de la institución, sino que también pueden comprometer la capacidad del Estado para verificar el cumplimiento de los derechos laborales.
Una de las principales preocupaciones del sindicato está relacionada con las condiciones materiales en las que los inspectores realizan sus funciones. Según Gómez, los trabajadores requieren locales institucionales adecuados, vehículos suficientes y herramientas informáticas que permitan desarrollar las labores de fiscalización. También solicitan el reembolso de gastos de movilidad utilizados durante las inspecciones y la entrega de ropa de trabajo.
Estas demandas están vinculadas con la capacidad operativa de Sunafil, organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo dentro del ámbito de sus competencias.
La falta de movilidad, equipamiento o soporte tecnológico puede dificultar el desplazamiento de los inspectores y el desarrollo oportuno de las diligencias, especialmente en zonas alejadas o donde existen limitaciones de acceso.
El sindicato reclama que estas condiciones sean evaluadas a escala nacional para determinar las necesidades reales de personal, infraestructura y recursos.
Otro punto de controversia es la distribución de funciones para fiscalizar a las microempresas. El secretario general del sindicato solicitó que estas competencias regresen a Sunafil y cuestionó los efectos del traslado de determinadas responsabilidades a instancias vinculadas con los gobiernos regionales.
Según su versión, los cambios han generado dificultades operativas y laborales para algunos inspectores transferidos. Gómez denunció que parte de estos trabajadores llevaría tres meses sin recibir sus remuneraciones.
Se trata de una afirmación que requiere ser contrastada con Sunafil, las autoridades regionales involucradas y las entidades responsables del pago de planillas.
El dirigente considera que la situación debe resolverse mediante garantías claras sobre los derechos de los trabajadores transferidos y una definición de las responsabilidades institucionales.
Los trabajadores también reclaman la aprobación de una nueva escala de remuneraciones. De acuerdo con Víctor Gómez, la propuesta requiere la emisión de un decreto supremo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El dirigente mencionó las leyes N.º 32486 y N.º 32679 como parte del sustento normativo de la solicitud sindical. Como parte de sus acciones previas, el sindicato realizó un plantón preventivo el 13 de octubre para expresar sus demandas.
Según Gómez, los trabajadores esperan que las autoridades atiendan su plataforma de reclamos y establezcan compromisos concretos que permitan evitar la paralización. El dirigente sostuvo que existe disposición para dialogar antes del inicio de la huelga, aunque advirtió que la medida continuará programada si no se alcanzan soluciones satisfactorias.
El representante sindical aseguró que, durante la medida de fuerza, se mantendrán servicios mínimos en las regiones. La atención prioritaria comprendería situaciones relacionadas con paralizaciones, huelgas y accidentes laborales. La huelga podría afectar la programación de determinadas actividades administrativas y de inspección, aunque todavía no es posible establecer su impacto concreto.
