Hipólito Agreda Muñoz
Abogado penalista
Con mucha tristeza hemos acudido al último acto público de desprestigio que hunde mucho más al Ministerio Público en nuestro país. Y sin, miedo alguno a decirlo, me refiero a la “conversión del defensor de la legalidad en un actor político”, aplaudida –de forma inexplicable– con manifestaciones públicas de sus principales figuras –Fiscales Superiores Coordinadores Nacionales– que hacen coalición con la señora fiscal de la Nación contra el artículo 117º de nuestro texto fundamental.
De un tiempo acá, ha comenzado una nueva moda entre nosotros, esto es “mirar” lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando siempre fuimos renuentes a ello, pues somos el país más sancionado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Todo comenzó con el CASO CUYA LAVY VS PERÚ.
A partir de este caso, se ha producido un “choque de trenes” entre el Poder Judicial vs. Junta Nacional de Justicia. Claro, ahora, los jueces invocan control de convencionalidad, vinculación a los fallos de la CIDH y sometimiento a ella porque de por medio está su “estabilidad laboral”.
Pero nos preguntamos: ¿y por qué no aplicaron “control de convencionalidad” con el mismo entusiasmo que ahora lo proclaman, cuándo se pedía y se ordenaban prisiones preventivas?, ¿dónde quedó la “convencionalidad” para aplicar excepcionalmente la prisión preventiva?
Tal parece, que cuando nos conviene y sólo cuando nos conviene “volteamos” a ver y defender convencionalidad. Hoy pasa lo mismo, se pretende “completar” el artículo 117º de la Constitución de este país invocando un tratado internacional. Tal parece que la moda está tomando otros matices, pero estamos seguros que la denunciante conoce que no eso no va prosperar y que la divulgación de su denuncia –quizás su real intención, detrás de todo– es el “empujoncito” que necesitaban en el Legislativo para obtener los votos suficientes y vacar al presidente.
Eso, lamentablemente, es desempeñarse como un actor político y no debería suceder así, ni siquiera en un país con poca trayectoria democrática como el nuestro. El rechazo al presidente Pedro Castillo es mayoritario, pero eso no debe justificar a que mujeres y hombres de Derecho violenten públicamente el orden constitucional.
Y es importante aquí poner en relieve que estas líneas no tienen color político, sino un estricto apego a la ley y respeto a la Constitución vigente –y es que nunca se ha visto que la cabeza visible de un órgano constitucionalmente autónomo pida inaplicar la Constitución en base a normas supranacionales sin la fuerza suficiente para imponerse, en qué clase de país sin institucionalidad se pide hacer piruetas legales para contrabandear una violación constitucional, lamentablemente, sólo en el nuestro.
