El programa nacional Wasi Mikuna, anteriormente conocido como Qali Warma, atraviesa uno de sus momentos más críticos. Las recientes denuncias sobre la entrega de productos en mal estado, presuntas irregularidades en los procesos de contratación y acusaciones de corrupción están generando un fuerte cuestionamiento en La Libertad.
En el epicentro del escándalo se encuentra Walter Martell Negreros, jefe territorial de Wasi Mikuna en La Libertad. Martell, conocido por su abierta simpatía hacia el partido político Alianza Para el Progreso (APP) y su líder César Acuña, enfrenta serias acusaciones de abuso de autoridad, colusión y manipulación de procesos de contratación. Actualmente, se le atribuyen tres carpetas fiscales abiertas y múltiples denuncias vinculadas a su gestión.
Según informes oficiales, Martell habría manipulado reiteradamente las convocatorias laborales para puestos claves dentro de la unidad territorial. Un ejemplo alarmante es el proceso de selección CAS 135-2024, donde declaró desierto el concurso hasta en cuatro ocasiones, y posteriormente extinguió la necesidad del puesto solo una hora antes del anuncio de los resultados. Estas acciones han levantado sospechas sobre un presunto direccionamiento para favorecer a candidatos afines a APP.
Uno de los aspectos más graves denunciados es el manejo irregular de los contratos relacionados con la Atención Alimentaria Complementaria (AAC) destinada a ollas comunes. A pesar de la aprobación oficial de este programa mediante la Resolución N° D000142-2024, no se registran convocatorias abiertas en el portal oficial desde marzo de este año.
Empresas proveedoras han confirmado la falta de procesos competitivos, señalando que las adjudicaciones recientes se realizaron exclusivamente a dos consorcios: Sudamérica y San Isidro Labrador, ambos representados por Carlos Jeffrey Salinas Castro. Desde marzo, todas las contrataciones se han realizado mediante invitaciones directas, excluyendo a otros postores y violando el principio de libre competencia.
Actualmente, se busca aprobar una nueva adenda por S/. 19,116,176.82 bajo el mismo esquema, lo que comprometería la eficiencia del servicio y aumentaría las sospechas de favoritismo y colusión.
Mientras las irregularidades administrativas y los manejos oscuros salen a la luz, las ollas comunes, que dependen de Wasi Mikuna para atender a las poblaciones más vulnerables, permanecen desabastecidas. Organizaciones comunitarias denuncian que los alimentos entregados son insuficientes o están en mal estado, lo que agrava aún más la situación de quienes ya enfrentan altos niveles de pobreza.
Estas comunidades, que deberían ser prioridad en la gestión de programas sociales, ven cómo los recursos destinados a su bienestar se desvían en favor de intereses políticos y económicos.
ACCIONES DESDE EL CONGRESO
El congresista Darwin Espinoza Vargas, representante por La Libertad, ha elevado un oficio al ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini Montes, exigiendo una investigación exhaustiva sobre las denuncias contra Martell y otros funcionarios de la unidad territorial. Espinoza hace hincapié en las presuntas irregularidades detectadas en los procesos CAS 079-2024, 022-2024, 080-2024 y 135-2024, los cuales habrían sido manipulados deliberadamente.
El legislador ha solicitado un informe detallado sobre el estado de estas convocatorias y ha instado al Ministerio Público a tomar medidas legales en caso de que se confirme la existencia de actos ilícitos. Además, ha señalado que las prácticas denunciadas no solo afectan la integridad de Wasi Mikuna, sino que también vulneran los derechos de las comunidades más necesitadas.
EL DENUNCIANTE
Arturo Reyna, el denunciante principal, ha señalado que las irregularidades obedecen a un intento deliberado de favorecer a un candidato con vínculos cercanos a la unidad territorial. Según Reyna, esto pone en evidencia una red de favoritismos y corrupción que compromete la imparcialidad de los procesos de selección y afecta directamente a las comunidades beneficiarias.
Reyna también destacó la necesidad de reformar los mecanismos de supervisión dentro de los programas sociales para evitar que los intereses políticos sigan interfiriendo en su funcionamiento.
