El reciente otorgamiento de una pensión vitalicia al ex presidente y exrecluso Alberto Fujimori desata una tormenta de controversias Un reportaje de Cuarto Poder reveló que el proceso para conceder este beneficio se realizó en un tiempo récord y con la participación de funcionarios vinculados a Alianza para el Progreso (APP).
Fujimori, condenado a 25 años de prisión en 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia, presentó una solicitud ante el Congreso de la República el 29 de abril de este año para que se le concediera una pensión económica, además de otros beneficios como auto, combustible y guardaespaldas. A pesar de tener una deuda por reparación civil que asciende a los 57 millones de soles, su solicitud fue aprobada rápidamente.
El artículo 2° de la Ley N.º 26519 establece claramente que los expresidentes acusados constitucionalmente y con sentencias en su contra no pueden recibir esta pensión. Sin embargo, el Congreso aprobó el beneficio para Fujimori, desencadenando una ola de críticas y cuestionamientos.
El proceso para la aprobación de la pensión vitalicia a Fujimori se completó en tan solo 11 días. El 3 de mayo, la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo, a cargo en ese entonces de José Rubio Preciado, concluyó que el requerimiento de Fujimori «resultaría procedente». Rubio Preciado, quien laboró en el Gobierno Regional de La Libertad en 2016 bajo la gestión de Luis Valdez Farías (APP), no pudo explicar el sustento legal de su recomendación, indicando simplemente: «No me acuerdo sinceramente».
Rubio Preciado trabajó como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo durante solo tres meses, con un salario de 19,176 soles, y fue destituido diez días después de emitir su recomendación favorable a Fujimori. Según el reportaje, su contratación podría haber sido exclusivamente para realizar este informe legal.
La jefa del Departamento de Recursos Humanos, Haidy Janette Figueroa Valdez, militante de APP desde 2014, firmó el documento final que aprobó la pensión. El 10 de mayo, William Federico Alcántara Infantes, jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, autorizó el desembolso de 156,000 soles para cumplir con la medida durante el 2024. Alcántara Infantes es doctor en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo y fue asesor principal del excongresista Richard Acuña Núñez en dos ocasiones.
La participación de estos funcionarios vinculados a APP en el proceso de aprobación de la pensión a Fujimori ha levantado sospechas sobre la imparcialidad y la transparencia del Congreso en este asunto.
El abogado penalista Andy Carrión ha criticado duramente la interpretación legal utilizada para conceder la pensión, argumentando que el indulto solo extiende la pena, pero no elimina la sentencia condenatoria. Según Carrión, «nos encontramos frente a alguien que ya ha sido condenado y que el alcance del indulto implica únicamente la extinción de la pena, mas no de la sentencia condenatoria».
Por su parte, el nuevo presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha declarado que no hará nada para revertir la situación. «Si hay una decisión tomada por los organismos competentes con la opinión de Asesoría Legal, Técnica y Financiera, tengo que respetar esa decisión», afirmó Salhuana a Cuarto Poder.
